Un llamado a la Judicatura para que aplique las herramientas que le otorga el Código de Infancia y Adolescencia para la protección de los menores, hizo el Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas.
En ese mismo sentido le hizo una petición al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que asuma un papel más protagónico en esta labor.
Según informes de la Organización de las Naciones Unidas de 6.000 a 11.000 niños hacen parte del conflicto colombiano. De ellos, el 80% está en la guerrilla. Estas cifras son las que llevan a Colombia a ocupar el cuarto lugar a nivel mundial con mayor presencia de niñas y niños en medio del conflicto.
Según la Defensoría del Pueblo, el 20% de los niños de este país se ha visto afectado por la violencia.
El Personero de Medellín lamentó el caso de Bogotá en el que tres niños fueron quemados por parte de miembros de la Fuerza Pública, la muerte de cuatro niños en el Departamento del Guaviare a causa de enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, la dramática situación que vive la comunidad indígena del municipio de Barbacoas en Nariño donde se presume la muerte y desaparición de más de una veintena de personas, entre las que también se encuentran menores.
“En el caso de Medellín, nos preocupa la situación de los niños que por su compleja situación se han visto envueltos en acciones criminales como la captación por parte de bandas ilegales y grupos armados emergentes en la ciudad y la presencia en las redes de tráfico de drogas. De esta situación preocupa la constante denuncia de la comuna 13, del riesgo de los niños y las niñas que han recibido presión, manipulación e incluso han sido víctimas de desplazamiento forzado de sus barrios y sectores por los actores armados de esa comuna. Asunto que en los últimos meses ha permeado otras comunas como la 6 y la 8, donde se vienen presentando casos de revictimización de niños y niñas de familias desplazadas y habitantes en situación de calle abusando sexualmente de ellos y obligándolos a ser parte del tráfico de drogas”, aseguró Herrán Vargas.
Finalmente el Personero afirmó: “Es necesario promover el efectivo cumplimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia y aplicar los mecanismos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que garanticen la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño y que las instituciones tengan claras sus competencias”.
