La Organización de las Naciones Unidas estableció en su Declaración Universal de Derechos Humanos que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión”.
Esta Declaración de Derechos Humanos busca que la libertad de opinión y de pensamiento se constituya en la base de la sociedad moderna, de tal manera que cualquiera pueda manifestar sus creencias sin temor a ser hostigado por hacerlo.
La Constitución Política de Colombia incluye este precepto en su artículo 20, según el cual “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial…” Esta libertad que garantiza la Carta Política es prenda para el fortalecimiento de la democracia, en la medida que una sociedad bien informada adquiere suficientes elementos de juicio para participar y decidir.
Igualmente se ha planteado lo importante para una sociedad democrática sana la capacidad de disentir, de debatir, de controvertir y de oponerse a las opiniones y creencias políticas expresadas por otros, pero con respeto y tolerancia, que es la esencia del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en 1948.
Sin embargo, hay que decir, sin lugar a equivocarnos, que el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Pensamiento que se convoca este 20 de septiembre, es un canto a la bandera: Colombia es la muestra fehaciente de que lo que menos se respeta es la opinión del otro.
La violencia verbal aumentada por las redes sociales es la realidad de un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que lo que menos importa es la dignidad del ser humano y el respeto y la tolerancia hacia el otro.