Por: Margarita Restrepo
Cuando el ex presidente Uribe le presentó a Colombia la Política de Seguridad Democrática, se explicó que el objetivo fundamental de ésta consistía en garantizar la seguridad a todos los colombianos, sin distingo alguno, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Se entiende entonces que esta política de Estado buscaba algo que se perdió hace muchos años en nuestro país: la seguridad territorial lo que significa, en pocas palabras, que los ciudadanos puedan vivir, estudiar, trabajar con total tranquilidad de que no serán perturbados por grupos violentos ilegales.
Se ha dicho desde entonces que no importa la naturaleza de la organización armada ilegal. Daba lo mismo si el homicida era de la guerrilla o de las autodefensas, pues lo que importaba era que los ciudadanos tuvieran plenas garantías para vivir en paz.
Por eso no tengo duda alguna de que la Política de Seguridad Democrática es, en efecto, una formidable política de paz entendiendo que ésta –la paz- se alcanza cuando un país logra garantizar a todos sus ciudadanos la seguridad en el territorio donde habitan.
Cuando una nación alcanza la seguridad territorial está permitiendo una plena aplicación de las políticas sociales. Igualmente, el aparato jurisdiccional podrá operar sin disturbio alguno. Y aquel es un punto fundamental porque al fin y al cabo una sociedad en la que la administración de justicia se ve truncada por el accionar de los criminales está condenada inevitablemente a vivir en guerra.
Las democracias maduras tienen en sus jueces, notarios y policías, personas ejemplares que son merecedoras del respeto ciudadano. Por eso, considero imprudente, desafortunada y altamente inconveniente la propuesta lanzada al aire por el presidente Santos según la cual los guerrilleros que eventualmente se desmovilicen como consecuencia del proceso de paz pasen a hacer parte de la Policía Nacional.
Entiendo perfectamente que los desmovilizados deben ser reincorporados a la sociedad para evitar que sean absorbidos nuevamente por la ilegalidad, pero bajo ninguna circunstancia puede creerse que quien ayer generó violencia gozará de legitimidad y respeto ciudadano por el simple hecho de que se le ponga, por decreto, un uniforme de policía.
Además, una medida en ese sentido resultaría convirtiéndose en un riesgoso desafío. ¿Cómo explicarle al policía de un pueblo que su nuevo compañero es quien hasta hace poco disparó contra él?
El Gobierno está en la obligación de pensar en alternativas sensatas de reincorporación de los integrantes de las Farc. Si existe un motivo por el que la gente quiere la paz es, precisamente, porque espera que aquellas personas dejen las armas. Resulta difícil de comprender que a quienes les quiten unas pistolas ilegales se les entregue a cambio las armas legales de la República.
