Por: Margarita María Restrepo
Estoy de acuerdo con el planteamiento de que la aplicación plena de la justicia impide la consecución de un acuerdo político que conduzca a la paz de un país. Plantearles a los ilegales la alternativa de decenas de años tras las rejas a cambio de su desarme y desmovilización es una oferta poco atractiva que difícilmente será aceptable para ellos.
Pero también estoy de acuerdo con que una paz edificada sobre la base de una plena impunidad no será sostenible en el tiempo y en el espacio. Decirles a las víctimas que quienes son los responsables de su dolor no tendrán castigo, es una clara revictimización.
El no castigo impide que se garantice la no repetición de los hechos. Así mismo, el perdón acompañado de impunidad desalienta la reconstrucción sincera de la verdad. A las víctimas en particular y la sociedad en general nos asiste el derecho de conocer lo que sucedió, por qué sucedió y quiénes fueron los responsables directos e indirectos de esas acciones.
Es muy difícil “tasar” un equilibrio entre la justicia y la impunidad. Si se le pregunta a las víctimas, seguramente querrán que los castigos sean severos y estarán muy poco dispuestas a que se fijen penas reducidas con facilidades de reclusión, mientras que las no víctimas tenderán a plantear alternativas mucho más generosas.
La Ley de Justicia y Paz –cuyos verdaderos alcances el país no ha dimensionado por simple desconocimiento de la norma- logró un equilibrio. Este ha sido muy criticado por algunos sectores, pero al fin y al cabo es un equilibrio.
Impone penas alternativas a las principales que oscilan entre 5 y 8 años, pero las penas principales se mantienen vigentes y se activarán en el momento mismo en el que el postulado incumpla con sus compromisos, reincida en el crimen o se determine que ocultó deliberadamente la verdad.
También incluye que los postulados nunca podrán ocupar cargos públicos, ya sea de elección popular o libre nombramiento y remoción. En materia de derechos políticos, solo podrán votar cuando terminen de cumplir sus penas.
A pesar de ello, para muchos sectores de la sociedad ese castigo es insuficiente y no son pocas las voces críticas de la Ley de Justicia y Paz. Y esas posiciones son legítimas y merecen todo el respeto por cuanto el nivel de tolerancia de las sociedades frente a la impunidad es cada vez más reducido.
Esa fue la motivación que tuvo la Comunidad Internacional cuando redactó y aprobó el Estatuto de Roma que incorporó a la Corte Penal Internacional. El objetivo fundamental era el de garantizar que aquellos crímenes que ofenden a la humanidad, bajo ninguna circunstancia, podrán quedar impunes.
Y no se trata de hacer interpretaciones amañadas de la justicia transicional. Para que haya justicia, así sea alternativa, es fundamental que existan castigos reales y verificables, tal y como lo recordó en días pasados el ex secretario de la ONU, Kofi Annan y lleva diciéndolo desde hace mucho tiempo el Centro Democrático.
El gobierno de Santos tiene todo el interés de sacar adelante su proceso de paz y en ese empeño cuenta con el respaldo de todo el país. En lo que si va a ser difícil que lo acompañemos es en su terca decisión de garantizar impunidad absoluta a la guerrilla, pues sus delitos no se podrán subsanar, como propone el Fiscal Montealegre, con trabajo comunitario, ni barriendo las aceras de Colombia.
