Con el propósito de fortalecer los alcances prácticos de la acción de tutela, de cara a la protección de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma a este mecanismo constitucional.
Se trata de una iniciativa encaminada a reglamentar algunos aspectos de funcionamiento que en la actualidad tienden a congestionar el aparto judicial y entorpecen la respuesta que esperan los ciudadanos frente a temas vitales como la salud.
En este sentido, lo que se pretende es otorgarle al usuario una herramienta eficaz para acabar con la eterna prórroga de tratamientos, cirugías y citas médicas, que pese a ser fundamentales para la propia vida e integridad de los pacientes, suelen programarse con intervalos de meses, haciendo extemporáneos los procedimientos y sometiendo a los ciudadanos a trámites interminables.
La Defensoría considera necesario armonizar aspectos como el fallo en primera instancia con un plazo máximo de 10 días para resolver los incidentes de desacato, y paralelamente con la focalización de la justicia en aquellos temas de mayor impacto para el colombiano de a pie, eliminando los factores que generan desgaste en el sistema.
Por otra parte, y con el fin de garantizar la transparencia de los procesos y permitir que los ciudadanos conozcan las razones por las cuales una acción de tutela es seleccionada, la iniciativa establece la obligación de publicar el acta de selección, con la síntesis de cada caso escogido y los criterios que motivaron esa decisión. Esto se complementa con la participación de tres magistrados en las salas de selección, puesto que al supeditarse a dos el proceso como sucede en la actualidad, las posiciones encontradas pueden bloquear la escogencia de una tutela clave para los derechos de los ciudadanos, sin que exista una tercera instancia que dirima la controversia.
De la misma manera, se contempla la posibilidad de solicitar audiencias excepcionales a la Corte Constitucional para discutir asuntos de especial interés respecto a los casos seleccionados, ello con el propósito de evitar reuniones a puerta cerrada frente a temas de interés general.
Finalmente, el proyecto de reforma a la acción de tutela plantea que los procesos de evaluación de los jueces en el País tengan en cuenta su desempeño frente a estas acciones constitucionales de amparo, que durante el último año superaron las 498 mil.
Los aspectos más invocados por los ciudadanos a través de la tutela son los derechos de petición, con el 51,8 por ciento, la salud con el 23,7 por ciento, los derechos económicos, sociales y culturales con el 16 por ciento, seguidos por el derecho a la vida digna y la seguridad social.
