Un preocupante estado de la salud en la ciudad encontró la Contraloría General de Medellín, en un informe realizado por sus técnicos. El mismo habla del llamado “tren de la muerte”, con cifras de mortalidad altamente significativas: 502 pacientes fallecidos durante el año 2007 y primer semestre del 2008 en las unidades hospitalarias de la ESE Metrosalud en los servicios de urgencias.
El Sistema de Información de Salud de Metrosalud (SISME) tramitó un total de 24.909 solicitudes de referencia por urgencias, de los cuales no lograron ser ubicados 5.565 pacientes.
3.465 pacientes fueron clasificados en prioridad alta. Debieron ser ubicados en menos de 1 hora, pero sólo el 30.36% lo logró. El 38.25 % tardó más de 6 horas, y otros nunca fueron ubicados en el nivel correspondiente.
De acuerdo con 121 familiares de algunos de los usuarios fallecidos, 53 pacientes permanecieron en el servicio de urgencias de las unidades hospitalarias de la ESE Metrosalud entre 1 y 3 días, y 25 entre 6 y 10 días, lo que evidencia falta de oportunidad en la remisión de los pacientes.
El informe también arrojó que 138 pacientes fallecidos en este proceso de remisión, no tenían carné de afiliación a la Seguridad Social, lo que se constituye en un factor negativo que obstaculiza el acceso a los servicios de salud.
Según el diagnóstico, la Contraloría General de Medellín concluyó que en la ciudad no existe una red efectiva y eficiente para dar cobertura integral, continua y universal a la población más pobre y vulnerable.
El 39.43% de los usuarios fallecidos, eran responsabilidad de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA) y 46.45% de las aseguradoras al Régimen Subsidiado.
El tiempo de espera, la inoportunidad en la ubicación de los pacientes o el no acceso al servicio, influyen indudablemente en las altas cifras de mortalidad durante el proceso de referencia.
Actualmente la red de salud de Medellín que atiende a la población más vulnerable, presenta serias dificultades en el proceso de referencia debido en gran parte a la limitada capacidad del sistema, insuficiencia de recursos y servicios en algunas especialidades, los modelos de contratación, limitada o nula capacidad de pago de muchos usuarios, demora en el pago por los servicios prestados y no identificación y afiliación del 100% de la población.
La Contraloría encontró, además, como muy grave que haya varios casos de negligencia, de carencia de sensibilidad social, de incumplimiento de deberes legales y contractuales y de ánimo de lucro de algunos actores del sistema de salud, lo que conlleva a la no protección de los derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social consagrados en nuestra Carta Política.
