Por: Margarita María Restrepo
En una declaración de 9 puntos leída por el presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático expuso ante la opinión pública su posición respecto del acuerdo en materia de “justicia” suscrito entre el Gobierno Nacional y la banda narcoterrorista de las Farc.
Estamos profundamente convencidos de que los victimarios deben cumplir una condena con privaciones efectivas de la libertad, así sea por un tiempo reducido. Entendemos que existan beneficios en materia penal, pues es el precio que se debe pagar por lograr la desactivación de la amenaza terrorista. Desmovilizar a un grupo criminal y conceder a quienes estén incursos en delitos atroces premios tales como un municipio o un departamento por cárcel e imponerles castigos irrisorios es, sin duda alguna, una forma de revictimizar a quienes padecieron los rigores de sus acciones violentas.
Ahora bien: lo más preocupante de todo este asunto es el que tiene que ver con las conexidades que el Gobierno y sus mayorías parlamentarias le establezcan a los delitos políticos. Tal y como acordaron Santos y Timochenko esta semana, los miembros de las Farc procesados o condenados por rebelión, sedición o asonada serán beneficiarios de una amplia amnistía o indulto.
En el caso de la guerrilla, aplica básicamente la rebelión, delito que el código penal describe en los siguientes términos: “Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente”.
Las Farc han alegado que el secuestro es conexo a la rebelión por cuanto es el mecanismo para financiar la lucha que libran con el fin de alcanzar la toma del poder político nacional. También han alegado que los asesinatos de personas inermes están íntimamente ligados a sus propósitos rebeldes.
El presidente de la Corte Suprema, que ha olvidado su función de salvaguardar al Estado y no a quienes atentan contra él, ha llegado al extremo de proponer que el narcotráfico sea considerado delito conexo a la rebelión. Para el doctor Leonidas Bustos, las Farc se convirtieron en el mayor cartel de las drogas del mundo contra su voluntad e inundaron al planeta entero de cocaína como un medio para financiar sus acciones criminales y no como un fin para enriquecer fabulosamente a sus cabecillas, como en efecto sucedió.
De hacer carrera la tesis del magistrado Bustos, el proceso de paz con las Farc se va a convertir en una inconmensurable operación legalizada de lavado de activos.
Pero más grave aún es el manejo que pretende dársele al reclutamiento forzado de menores, práctica en la que están incursos todos los cabecillas de las Farc. La guerrilla alega que para su lucha han necesitado “combatientes”. En reiteradas oportunidades han negado la utilización de menores, cuando existen suficientes pruebas que evidencian que en poder de las Farc hay más de dos mil menores de edad.
Resultará absolutamente inaceptable que pretendan colar al reclutamiento como un crimen conexo a la rebelión. Como he dicho en diferentes ocasiones, resulta inaceptable que los responsables de un delito tan grave como llevar a los niños forzadamente a la guerra no sean castigados como debe ser.
Al establecer la conexidad entre la rebelión y el reclutamiento de menores, Colombia estaría incumpliendo sus compromisos internacionales. Nosotros, como suscriptores del Estatuto de Roma, estamos obligados a impartir justicia frente a los delitos de lesa humanidad. Y que no queden dudas: el reclutamiento forzado de niños es la más execrable forma de esclavitud en el mundo contemporáneo.
Mal haría el Gobierno en suscribir un pacto de complicidades con las Farc. Resulta gravísimo que esté fraguándose un perdón generalizado de los delitos atroces cometidos por la guerrilla a través de un festival de conexidades con la rebelión.
