Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Qué lejos está Colombia de ser una verdadera democracia y de ser un estado de derecho cuando los jerarcas de la justicia, deciden deliberadamente y con todo el cálculo sustraerse al espectro de la Constitución y la ley, esas a las que dicen servir y con base a la cuales toman sus decisiones. Esto fue justamente lo que sucedió la semana pasada cuando los magistrados de la Corte Constitucional, los guardianes de la Constitución, decidieron darle la estocada final a la reforma al equilibrio de poderes, proyecto bandera de este gobierno que pretendía ahora si corregir aspectos que mal funcionan en la rama judicial, como sucede al interior de las cortes. Claro que la decisión de declarar inexequible o contrario a la Constitución el Tribunal de Aforados estaba cantado y se veía venir desde el mismo momento que el Congreso creó esta figura, que como se recordará, buscaba que magistrados de las mejores calidades morales, profesionales y académicas investigara y juzgara a los magistrados de las cortes y al Fiscal General de Nación en el caso de cometer delitos, pues gozaban y gozan ahora de total impunidad, ya que su juez natural es la tristemente célebre y desprestigiada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Qué paradoja: los jueces sin quién los juzgue.
En el momento que se creó este tribunal, el entonces Fiscal General, Eduardo Montealegre, dijo que era una segunda toma a la justicia e invitó a todos los jueces y fiscales del país para que protestaran públicamente. Afortunadamente este llamado no tuvo éxito, porque los invitados si tienen quién los juzgue y nunca se han opuesto a ello, y además para el momento de tal convocatoria, ya el Fiscal General gozaba de tanto desprestigio que no valía la pena solidarizarse con él. Desde este mismo momento el personaje de marras anunció que demandaría esta nueva figura que acabaría con la impunidad de magistrados y Fiscal General y los magistrados felices, porque consiguieron quién les hiciera el favor de la demanda, y ellos, los de la Constitucional, frotándose las manos y listos para echar abajo algo que necesitaba el país. Y uno tan ingenuo, creyendo hasta último momento que le darían la bendición al Tribunal de Aforados y le dirían a la sociedad que no tienen temor a que los juzguen de verdad.
Pero lo más asombroso no es tanto la decisión de declarar contrario a la Constitución el Tribunal de Aforados como los argumentos empleados. Dicen que cuando el Congreso decidió crear esta figura sustituyó la Constitución. Una columnista de un importante matutino lanzó estos interrogantes que ameritarían fueran contestados por los magistrados de la Corte: “No es sustitución de la Constitución la aprobación de un plebiscito que rebaja caprichosamente el umbral?, no sustituye la Constitución una justicia paralela a la constitucional que solo juzgará a determinadas personas?, no sustituye la Constitución que se dicten reformas a la misma desde La Habana?, no sustituye la Constitución que el presidente legisle?”. Seguramente que los “Honorables magistrados” dirán que en estos casos estas reformas se ajustan por completo a la Carta Política, como sucederá muy pronto con la decisión que avale el plebiscito.
Pero no es solo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado también le dió el visto bueno a Montealegre para que se quedara cuatro años como Fiscal General en lugar de unos meses que era lo que se imponía, porque lo eligieron para terminar el período constitucional que le faltaba a Vivian Morales cuando este mismo cuerpo colegiado anuló su elección. Se sustituyó la Constitución? Pero claro que sí, aunque así no lo estimaron los “Honorables Consejeros”. El resultado? Pues que ya siendo ex consejeros de estado se hicieron a millonarios contratos en la fiscalía como asesores del Fiscal General.
Qué triste, la Constitucional, la única que se salvaba de las cortes y vean para dónde va, por eso es que nadie da un peso por la justicia.
