Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Una de las mayores conquistas de la humanidad en materia de democracia es el concepto que hoy domina y que es acogido por la mayoría de estados democráticos en el mundo: el relativo a la división de los poderes públicos, en virtud del cual hay tres ramas u órganos del poder: ejecutivo, legislativo y judicial, cada una de ellas encargada de cumplir funciones distintas, con lo que claramente se evita que los gobernantes concentren todos los poderes y no se cometan los excesos y desmanes que ocurren en países, donde bajo la apariencia de una democracia existe la división de poderes, pero en el fondo es el gobernante quien los concentra todos, o en aquellos donde simplemente esa división no existe y el dictador los asume todos. En Colombia, la Constitución establece la existencia de las tres ramas del poder público, todas ellas autónomas e independientes, que en la práctica no lo son tanto por la cultura política que desde hace muchos años tenemos y por la evidente preeminencia del ejecutivo, entiéndase presidente de la república, que se da en los sistemas presidencialistas, según lo acusan los teóricos del derecho constitucional.
A la par de estas ramas y órganos, también la mayor parte de las constituciones del mundo, entre ellas la colombiana, consagran unos organismos, que los teóricos del derecho público dicen sirven de peso y de contrapeso frente a las anteriores y a otras para que no actúen como ruedas sueltas en ese todo que es el Estado. Entre nosotros se encuentran la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, más conocidas como organismos de control, la primera de las cuales está encargada de la salvaguarda y promoción de los derechos humanos y del orden jurídico, es decir, que a los ciudadanos y residentes en Colombia, sean funcionarios públicos o no y con independencia del sexo, religión o color de piel, tiene la obligación de protegerle sus derechos humanos y sus derechos fundamentales, y debe velar, además, porque las decisiones que se tomen en los procesos judiciales en los que actúa, sean respetuosas de la Constitución y la ley. Lo que uno nunca se imaginaría, aunque nos pasemos de ingenuos con todos los ejemplos que a diario de se ven en este pueblo de charlatanes y de abusivos, es que sea quien preside tal órgano el que desconozca estos mandatos constitucionales y sea él directamente, en primera persona, quien deliberadamente, esto es de manera dolosa, decida violarnos y desconocerlos de manera abierta, vulgar y grosera, y lo que es muchísimo peor, que lo haga con tal grado de impunidad que deja perplejo a cualquiera.
Como es sabido, el por fortuna ahora ex procurador Ordóñez, que no debió haber repetido mandato, sancionó a la entonces senadora Piedad Córdoba (que no es santa de mi devoción) en dos ocasiones, inhabilitándola para ejercer cargos públicos por períodos muy largos. Las dos sanciones fueron tumbadas por el Consejo de Estado y de la última decisión que dejó sin efectos la segunda sanción impuesta por el procurador, se dijo que se había impuesto sin haber una sola prueba en contra de la ex senadora. Los que nos dedicamos al noble oficio de ejercer libre e independientemente la profesión jurídica sabemos, y ocurre todos los días, que una decisión judicial, cuando es objeto de un recurso ordinario o extraordinario, puede ser revocada o modificada. Pero cuando tal cosa ocurre y la razón es la aducida por el Consejo de Estado, que no había pruebas y pese a ello se sancionó a la ex congresista, es inevitable pensar en el abuso que se hace de un cargo público en detrimento de los derechos fundamentales de otros. Que le dejen sin efecto una que otra sanción, pero la seguidilla de fallos favorables a distintas personas que fueron destituidas por el ex procurador, dejan claro que la sola iniciación de los procesos en su contra estuvo motiva por razones de índole política o de credos, y si se tiene en cuenta que con relación a las dos sanciones impuestas a una misma persona, se dejaron sin efecto casi al mismo tiempo, es claro que estamos en presencia de un prevaricato y debe ser investigado y sancionado, lastimosamente sabemos que a estos nefastos personajes nada les pasa nada y menos ahora que anda tan envalentonado dizque de vocero de un No que no le pertenece.
Estamos en mora que se cree en Colombia un tribunal de aforados, que esté lejos del alcance de los políticos, integrado por los más aptos y competentes, que tenga total independencia, para que le ponga coto a este tipo de desmanes que tanto daño hacen en una democracia. Mal mensaje recibe la sociedad cuando ve que suceden este tipo de cosas y se queden impunes.
