Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Con ocasión de la reciente muerte violenta de la niña indígena Yuliana Samboní, al parecer a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera (Rafico, como le dice su familia), crímen que merece cualquier calificativo por lo despreciable y abominable, como que se ejecutó en una niña menor de edad y totalmente indefensa, y que de ser hallado culpable merece el condigno reproche penal, se ha vuelto a abrir el debate (cada que hay un episodio semejante se abre) de que en Colombia se modifique la Constitución y se implante la cadena perpetua. Una vez ocurrido el deplorable hecho, se oyeron voces en ese sentido, especialmente las de Mauricio Lizcano y Cristina Plazas, presidente del congreso y directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, respectivamente, quienes presurosos, queriendo ser los primeros, los más defensores de los derechos de los niños, queriéndose congraciar con la opinión pública y con sus electores, el primero, y de mostrarse como una funcionaria púbica eficiente, la segunda, dijeron, que definitivamente en nuestro país debía implantarse la pena de muerte para responsables de graves crímenes donde el sujeto pasivo fuera un menor de edad, y el pueblo al escuchar estas propuestas ovaciona al que las hace y no chista con la insinuación. Este suele ser el clima que sirve de antesala a la propuesta legislativa que seguramente se presentará y ésta es la clara expresión del fenómeno llamado en la criminología populismo punitivo, pues que los aumentos de penas, la creación de nuevos delitos y la imposición de la pena de muerte, solo consultan el querer de la opinión pública frente a una determinada coyuntura, que como es de esperarse, siempre espera que el responsable sea llevado al cadalso. El desconocimiento de la materia es entendible en la gente, pero no en funcionarios de alto rango, que sumidos en la ignorancia, salen a manifestar lo primero que se les pasa por la cabeza, creyendo hacer grandes aportes; ambos cuentan o deben contar con asesores que sí saben del tema y que debieran contenerles la lengua.
Desde la expedición del Código penal de 2000 (Ley 599 de 2000) se han expedido algo más de 35 leyes para reformarlo y todas esas reformas han sido para hacer más fácil la comisión de un delito, para crear nuevos tipos penales, para hacer más difícil la concesión de un beneficio penal, para aumentar las penas, entre otros aspectos, casi todas ellas al calor, como ahora, de una situación especial donde todo el mundo, incluyendo los legisladores, tenían la cabeza caliente y no se dieron los debidos y necesarios debates dentro y fuera del congreso. Qué decir de una reforma que trae aparejada la pena de muerte.
Es bueno recordar que los delitos cometidos por “Rafico”, en el mejor de los casos, le aseguran una pena de 40 ó 50 años, para una persona de 37 años de edad, más cadena perpetua no puede esperarse. El ejemplo de Miguel Maza Márquez, el ex director del DAS, recientemente condenado por la Corte Suprema de Justicia por la muerte de Luis Carlos Galán, que con casi 80 años de edad le impusieron una pena de 30 años de cárcel, es paradigmático sobre lo que venimos hablando.
Lo que la comunidad en general ve con más buenos ojos es que delitos de esta naturaleza sean prontamente esclarecidos y los responsables llevados cuanto antes ante la justicia, como ocurrió en este caso y como sucedió con el del agente de la DEA, James Watson, que en un intento de paseo millonario en Bogotá, terminó siendo asesinado por los delincuentes, que al encontrar resistencia en la víctima, decidieron matarlo y en cuestión de unos pocos días los responsables estaban a buen recaudo y hoy purgando largas condenas en cárceles de los Estados Unidos.
De tal manera, y lo digo con un profundo respeto por los familiares de la niña, que el esclarecimiento del hecho y la captura del presunto responsable en tan poco tiempo, deben dejar contento a casi todo el mundo. En un país con unos índices de impunidad que no dan sino vergüenza, es de aplaudir lo hecho por las autoridades. De poco o nada sirve la cadena perpetua, si los hechos permanecen impunes.
Ojalá una gran mayoría de los delitos en este país se clarificaran tan pronto y los responsables llevados ante la justicia.
