Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
La semana pasada, a finales, se supo que dos de los principales responsables, así declarados penalmente, por el famoso caso Interbolsa, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, fueron condenados, cada uno, a cinco años y nueve meses de prisión en virtud a un preacuerdo celebrado con la fiscalía, el cual consistió en aceptar la responsabilidad por tres delitos: Estafa agravada, Concierto para delinquir simple y Manipulación fraudulenta de acciones y a cambió recibieron como beneficio un descuento de pena por parte de la fiscalía. Puede generar escándalo, pero dado el carácter de negociación que tiene el sistema acusatorio, es posible, desde el punto de vista estrictamente legal, que se llegue a la imposición de penas que la sociedad ve como irrisorias o ridículas en consideración al delito o a los delitos cometidos. Pero a decir verdad el problema no estriba necesariamente allí, o solamente allí, el problema está en que estos delincuentes de cuello blanco, como se les denomina en la criminología, se hicieron acreedores a la prisión domiciliaria, que aunque en estricto rigor no está consagrada en la ley como un beneficio, por cuanto al tenor de la misma ley se trata de una pena privativa de la libertad, como quiera que se hace referencia a una pena de prisión, lo cierto es que desde el punto de vista práctico sí es un beneficio y en tratándose de esta clase de personajes, es un auténtico regalo. No hay que olvidar que el primero que se benefició con pagar los siete años de cárcel en su casa como pena impuesta, fue el padre de Tomás, Rodrigo Jaramillo.
Para nadie es un secreto que estar en el domicilio es de las mejores cosas que existen, porque son tantas las comodidades de que se puede disponer que prácticamente equivale a la libertad: diversión, cine, televisión, gimnasio, computadores, teléfonos celulares de última tecnología, trago, buena comida y en muchos otros casos, visitas de hombres o mujeres según el gusto, y obvio, con las fortunas ajenas escondidas en paraísos fiscales o a nombre de otras personas. Si a esto se le suma, porque los que nos movemos en este medio así lo sabemos (no porque yo lo haya hecho), la corrupción imperante en el Inpec, la persona recluída en su domicilio puede salir de vacaciones donde le provoque, a la calle, a centros comerciales, donde sus familiares, porque tiene garantizado que le cuidan la espalda por una módica suma de dinero. En estas condiciones la “prisión” domiciliaria es un verdadero premio. Y es que en mi condición de abogado penalista no es que esté en contra de la concesión de este tipo de encarcelamiento, muchas veces lo he solicitado para mis clientes y he manifestado en este mismo espacio que los procesos penales no deben adelantarse y muchos menos imponerse penas al calor de lo que dice la opinión pública, muchas veces aupada por unos medios de comunicación irresponsables y que en estas materias se creen los intérpretes de la sociedad y también he dicho que estoy en desacuerdo con el populismo punitivo, fenómeno en virtud del cual, dadas ciertas coyunturas, se expiden leyes draconianas que incrementan las penas o que crean delitos; lo que sucede es que cada caso es muy distinto y son varias las variables a analizarse en el caso de Interbolsa. Para empezar hay que decir que las víctimas fueron aproximadamente 1.000, que fueron esquilmadas en la nada despreciable suma de 350.000 millones de pesos y que si no es por la Superintendencia de Sociedades que decidió actuar a tiempo y congelar los bienes de todos los pillos que hacían parte de la pirámide, los ahorradores hubieran visto frustrada la posibilidad de recuperar su dinero, porque estos señores nunca tuvieron intención de devolverlo ni de indemnizar a nadie, se dedicaron a gastarse parte del dinero ajeno con sus mujeres (una de ellas conocida ex reina de belleza y ex presentadora de televisión) y a creerse dueños del mundo y cuando les cae el guante de la justicia, miren lo que les sucede. Aparte de eso se trata de personas de estratos económicos altos, que tienen educación universitaria, incluso en el exterior, con posgrados a cuestas, que organizaron y ejecutaron con lujo de detalles y con todo el tiempo disponible el entramado ya conocido y demasiado doloroso para muchas personas y familias. Analizados todos estos aspectos, como también la gravedad y la modalidad de los delitos cometidos se llega a la conclusión que estas personas están necesitadas de prisión intramural, es decir, que es en una cárcel donde deben purgar sus penas, los fines de la pena, que para el caso vale resaltar la prevención general y especial, en sus vertientes positiva y negativa, es decir, para que la sociedad entienda y vea el ejemplo de lo que sucedería caso de infringir las normas que prohíben estos comportamientos, como también para que el delincuente aprenda la lección y no vuelva cometer los mismos errores, indican que no es en la casa donde deben estar.
Un país cansado de pícaros, de ladrones, de ventajosos, donde la corrupción campea, tanto en lo público como en lo privado, no ve con buenos ojos estas incomprensibles acciones de la justicia. Sin lugar a dudas el mensaje que se envía es que delinquir sí paga.
