Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Con la decisión de la semana pasada de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los literales H y J del artículo 1° del acto legislativo 01 de 2016, quedaron en evidencia todos los temores y sospechas que tenía un sector importante de la sociedad colombiana en torno a los acuerdos firmados por el gobierno nacional con la guerrilla. Esta corte, que hacía mucho rato había adoptado una actitud servil con el gobierno y la guerrilla, puesto que todo lo que se sometía a su consideración respecto de los acuerdos de paz, se despachaba favorablemente dizque porque era ajustado a la Constitución, dió contra todo pronóstico, muestra de ser una órgano judicial independiente, al declarar inexequibles unos incisos del acto legislativo que indicaban: “Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previa del Gobierno nacional”; y “En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación”. Actitud que no creo sea por mucho rato, la polvareda que se armó con la mentada decisión hará mella en la dudosa imparcialidad de los magistrados de la corte, porque ya se está diciendo que con la decisión tomada se le asestó un golpe mortal a la implementación de los acuerdos. La reacción del gobierno, de los negociadores y de la guerrilla es la prueba cierta del guardado que se tenían con la negociación, pues a juzgar por lo que han manifestado, definitivamente lo que pretendían era que el congreso, poder sumiso, y la corte refrendaran y avalaran sin más todos los despropósitos que se negociaron en La Habana, de lo que trataba entonces, según vemos ahora, era de que toda la institucionalidad colombiana se pusiera al servicio de los acuerdos y por supuesto de las pretensiones de la guerrilla, hechas realidad por un gobierno débil que accedió a todas sus condiciones, o sea, que quienes tienen la obligación constitucional y legal de determinar qué es ajustado a la constitución y qué no, no chistaran, que porque lo negociado era intocable e inmodificable, es decir, ser simples notarios de lo acordado. Razón no le falta al nuevo director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, quien dijo que en lo sucesivo su partido no iba a ser simple notario de las iniciativas legislativas presentadas por el gobierno en lo referente a la reforma electoral y a lo que vaya a generar inseguridad jurídica en temas de propiedad privada de tierras.
Lo que la corte dijo fue que la prohibición que tenía el legislativo de modificar los proyectos referidos al tema de la paz sin el visto bueno del gobierno y la obligación de votarlos en bloque, sin ninguna clase de deliberación, es contrario al principio constitucional de la separación de poderes y por tanto suponen una sustitución de la Constitución. Qué pudo haber dicho, de una se le vinieron encima todos los sectores que defienden incondicionalmente los acuerdos con la guerrilla, lo único que les falta es que la tilden de enemiga de la paz como sucede con todo el que opina, no para apoyar, sino para hacer observaciones válidas sobre unas negociaciones que generan todavía tanta incertidumbre. Creyeron algunos que el procedimiento fast track, que abrevia el trámite de los proyectos relacionados con la paz, era sinónimo de cero deliberación y lo que les hace pensar que ahora vendrán modificaciones a lo pactado entre las partes.
Paradójicamente, los defensores de la paz, que se autoproclaman liberales de pensamiento, tolerantes, amigos del pluralismo, del debate y de la deliberación, resultaron más intolerantes y más retardatarios que los sectores que tanto critican y que tildan de enemigos de la paz, que aunque es verdad que quienes no comulgan con los acuerdos todo lo critican, porque nada les sirve, hay que aceptar, así no nos guste, que tienen propuestas dignas de oír, como también los acuerdos tienen cosas positivas. Pero la verdad ya era hora que hubiera alguien que le pusiera algún freno a todo lo que saliera producto de las negociaciones.
Dos cosas negativas, empero, se vienen después de la decisión: una, que si la guerrilla, que no había cumplido algunos puntos de los acuerdos, porque todavía no dice dónde están las caletas con armas, lo que en la práctica significa que andan haciendo política con armas y sus jefes negociadores pavoneándose por todo el territorio nacional y haciendo presencia en cuanto acto social o académico se celebre con ocasión de lo que son protagonistas, ahora tienen la excusa perfecta para dilatar más sus obligaciones; y la otra, que los miembros del congreso deben estar frotándose las manos, porque, de nuevo, tienen una excelente oportunidad para chantajear a Santos pidiéndole mermelada a cambio de no torpedear los debates y sacar adelante todo lo que se presente sobre la paz, a lo que corto ni perezoso éste accede. En nada quedará la decisión de la corte, porque de seguro el congreso no hará uso de la facultad otorgada por la corte, pues a punta de prebendas el ejecutivo tiene en sus manos la manera de conjurar cualquier posibilidad de deliberación en “el templo de la democracia”.
