El diputado de Antioquia por el Partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, se pronunció sobre los pronunciamientos del gobernador Luis Pérez Gutiérrez y la convocatoria a sesiones extras a la Asamblea Departamental para discutir el tema del diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó. Éste es su comunicado:
- Es válida la aspiración de la inmensa mayoría de los antioqueños en el sentido que los territorios de los corregimientos de Belén de Bajirá – Mutatá – y Blanquiseth, Macondo y Nuevo Oriente – Turbo -, hagan parte de nuestro Departamento. La realidad histórica, social, económica y política favorece ampliamente ese anhelo y no cabe duda alguna que los habitantes de esos territorios están integrados desde todo punto de vista a nuestra comarca.
- Pero una cosa es que sea justa la aspiración y que la tradición haya ligado íntimamente esos territorios y sus habitantes con Antioquia y otra es utilizar ese sentimiento para promover una campaña como la que ha encabezado el señor Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, campaña que promueve sentimientos racistas en unos casos y separatistas en otros y que se ha basado en verdades a medias o afirmaciones que francamente riñen con la verdad.
- Riñe con la verdad la afirmación que publicar el mapa resultante del estudio técnico del IGAC, sobre el límite entre los dos departamentos, es una usurpación de funciones en la que el ejecutivo invade los terrenos del legislativo. Las leyes de límites están expresadas en palabras y los mapas convierten esas palabras en gráficos. Hacer esa conversión es función del IGAC, definir los límites es función del Congreso. Los límites los definió la Ley 13 de 1947. El IGAC se limita a convertirlos en mapa.
- Tampoco es cierta la afirmación que para levantar la protesta, el acuerdo entre los dirigentes chocoanos y el Gobierno signifique un raponazo al territorio antioqueño. El estudio del IGAC fue entregado al Congreso desde comienzos de 2016, cuando ni siquiera se había proyectado el Paro Cívico del Chocó. En el reciente levantamiento, lo único que los chocoanos exigieron y lograron, fue que se publicara la cartografía hecha por el Agustín Codazzi. Ellos a su vez acusaron al gobierno Santos, experto en incumplir compromisos, por haber escondido lo definido por el IGAC.
- Tiene presunción de legalidad el trazado limítrofe contenido en la Ley 13 de 1947 y la interpretación de ese texto que ha hecho el IGAC. Hoy se puede afirmar que, si bien desde el punto de vista histórico, social, económico y político los 4 corregimientos en disputa son antioqueños, legal y cartográficamente, son del Chocó.
- El IGAC entregó su informe al Congreso -única institución con la competencia constitucional para modificar límites entre departamentos-, desde principios del año 2016, y la Comisión respectiva se pronuncia el 14 de diciembre, más de 10 meses después, con una escueta proposición que “devuelve el estudio al IGAC por no cumplir los elementos esenciales de límites dudosos”, expresión que deja en el aire el asunto que debían dirimir los parlamentarios.
- El Gobierno de Antioquia y cualquier ciudadano tienen derecho a objetar el citado estudio, pueden demandarlo ante lo contencioso administrativo, y el Gobierno y los parlamentarios -sobre todo-, tienen el derecho y el deber de promover una ley que modifique los límites habida cuenta de la tradicionalidad en el ejercicio del control sobre esos territorios y en virtud de que -como expresé-, el Congreso de la República es la única autoridad con atribuciones para fijar límites entre departamentos.
- Lo anterior no le da licencia al Gobernador para promover campañas que, por el enorme efecto mediático que tienen, solo sirven para levantar una cortina de humo sobre la grave crisis en la que tiene sumida a Antioquia, su pésima administración.
- Hoy se encuentran en paro los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, rechazando la absurda pretensión del Gobernador de incrementar las matrículas para conjurar la crisis financiera en la que lo han sumergido las distintas administraciones departamentales. Esa propuesta crea más barreras para el acceso a la educación superior pública de nuestros jóvenes, sin resolver ni siquiera la décima parte del déficit histórico del POLI, principal institución de educación superior de Antioquia.
- Acaba de salir la resolución de declaratoria de la situación fiscal y financiera de los hospitales públicos de Antioquia. Allí aparecen 64 de ellos en la categoría de riesgo medio o alto, cifra que por poco duplica la del año pasado, establecida en 35. Al mismo tiempo la EPS Savia Salud recientemente presentó, a esos mismos hospitales agonizantes, una propuesta para reducir los pagos capitados, que reciben por giro directo, en más de $3.000 paciente/mes. Un caso ilustra la indignante propuesta: para la ESE Metrosalud significa una reducción cercana a los $25.000 millones anuales en sus ingresos.
- Nuestros colegios y escuelas se encuentran paralizados por el movimiento nacional de protesta del magisterio. Aunque el asunto no tiene que ver con las competencias de la Gobernación, la realidad antioqueña en ese campo es que la región también carece de recursos para el programa de alimentación de los estudiantes, para el transporte, para el internet y hasta para los programas de mejoramiento de la calidad educativa; la infraestructura muestra un acelerado proceso de tugurización y nuestros niños y jóvenes asisten a sus clases en un irrespetuoso hacinamiento antipedagógico.
- Varios cargos directivos de la Administración Departamental aún se encuentran en interinidad o acéfalos; la rotación de funcionarios ha sido la característica del gobierno que dice “pensar en grande”; los proyectos detonantes han estallado pero para desaparecer, como la publicitada Empresa Agroindustrial de Antioquia, que no pasó de cumplir un papel propagandístico efímero; los informes rendidos por las distintas secretarías a la Asamblea, sobre su gestión en el primer año de gobierno, mostraron porcentajes de ejecución de los presupuestos de inversión vergonzosos, con dependencias que dieron cuenta de haber cumplido con menos del 20% de lo presupuestado.
- El Gobernador anuncia que una vez se publique el mapa, se suspenderán los servicios de educación y salud a los habitantes de Bajirá. ¿Qué es lo que va a suspender? Una educación en paro, con unas escuelas y un colegio tugurizado, sin recursos para alimentación ni transporte y un hospital que acaba de ser declarado por el Ministerio de Salud en alto riesgo fiscal y financiero. Es decir está quebrado y presta los servicios de forma muy precaria.
- Lo procedente para un mandatario serio, si se llega a publicar el mapa, es fijar una posición respetuosa ante la ley, poniendo todo el empeño en modificar las normas que fijan los límites entre los dos departamentos, de tal forma que se logre alinear la realidad social, económica y política antioqueña, con la verdad legal chocoana. En el entretanto, en lugar de proferir amenazas, debiera aprestarse para hacer un empalme tranquilo con el gobierno del Chocó y contribuir de forma generosa y solidaria con esos compatriotas.
