Por: Margarita Restrepo
En manos del presidente Iván Duque está la opción de objetar por inconveniencia la ley estatutaria de la JEP, así lo demanda buena parte de la opinión pública, pero sobre todo un amplísimo sector de las víctimas de las Farc que ven con legítima preocupación que la JEP será un mecanismo para la impunidad de sus victimarios.
Una de las organizaciones de víctimas de las Farc con mayor importancia es la “Corporación Rosa Blanca”, integrada por mujeres que fueron objeto de reclutamiento forzado, esclavitud, crímenes sexuales de toda naturaleza y demás vejámenes.
A través de las redes sociales, las mujeres de “Rosa Blanca” le están implorando al presidente Iván Duque que objete la ley que provee el reglamento de la JEP, precisamente porque saben que ese tribunal -ilegítimo por demás- se ha constituido en un lavadero de responsabilidades que en ningún caso enaltece los derechos de las víctimas.
En días pasados, registramos con indignación cómo el cabecilla máximo de las Farc, el terrorista Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, acudió a las instalaciones de la JEP para efectos de responder por algunos de los delitos que hasta ahora le van a empezar a imputar.
Uno de los preceptos fundamentales de la justicia transicional es el de garantizarles a las víctimas el derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición.
La verdad se alcanza cuando el victimario es juzgado de cara a la justicia y a sus víctimas. Pero a “Timochenko”, la JEP lo trata con sumo cuidado y consideración. La diligencia adelantada en su contra fue a puerta cerrada y con la presencia -sospechosa- de la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes quien fue una de las asesoras del gobierno de Santos en los diálogos de La Habana.
Una de las personas que ayudó a concebir a la JEP con todas sus deformidades y aberraciones, ahora es la encargada, en nombre de la sociedad, de participar en las diligencias que se adelantan en ese tribunal. Aquello es una lamentable afrenta al pueblo colombiano.
Son muchas las modificaciones que debe introducírsele al acuerdo suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo narcotrerrorista de las Farc. Una de esas modificaciones es, por supuesto, la JEP.
Uno de los motivos fundamentales por los que el pueblo mayoritariamente votó en contra del acuerdo con las Farc en el plebiscito de octubre de 2016, fue el de la oposición que despierta la existencia de una estructura “judicial” diseñada a la medida de las necesidades de los terroristas de las Farc. La JEP, que nadie se engañe, fue creada para tratar con guante de seda a los peores victimarios y para humillar a los miembros de nuestra Fuerza Pública.
Por eso, es más que prudente y oportuno el llamado legítimo de las valientes mujeres de la “Corporación Rosa Blanca” quienes con todo respeto le solicitan al Presidente de la República que se abstenga de sancionar la ley que provee la reglamentación de la JEP.
Aquel proyecto es evidentemente inconveniente. No se compadece en absoluto con las necesidades reales de nuestro país, motivo por el que es imprescindible que se haga una nueva norma que parta por satisfacer los derechos de las víctimas.
Me uno al llamado de “Rosa Blanca” y de manera directa me valgo de esta columna para pedirle al presidente Duque que por favor no plasme su rúbrica en esa ley que simple y llanamente legitimará a la muy cuestionada JEP.
