Por: Alfaro García

En sus 98 kilómetros de extensión el río Medellín, desde su nacimiento en el alto San Miguel, en el Municipio de Caldas, hasta su confluencia con el río Grande en el municipio de Barbosa donde se convierte en el río Porce, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá decretó hace más de una década a la cuenca del río Medellín y sus quebradas afluentes como “hecho metropolitano”, figura administrativa que le otorgó competencias para intervenirlo, e incluso la unidad ambiental de esta institución se convirtió en autoridad ambiental, por ley de la república, para el suelo urbano del Valle de Aburrá.

El alto de San Miguel, cubierto de bosque natural secundario, es declarado reserva ecológica por el Concejo Municipal de Caldas en 1.993 a raíz de que allí nacen las quebradas La vieja, La Moladora, Santa Isabel y aquella que luego es llamada río Medellín, posteriormente en el año de 2.001 es declarado como Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico Recreativo, por albergar un importante patrimonio florístico y fáustico que se deben proteger no sólo como reserva ecológica, sino como riqueza paisajística.

A raíz del daño causado al río Medellín al verterse residuos químicos que colorearon sus aguas, se recuerda el papel que antaño desempeñaron las Empresas Públicas de Medellín al contaminar con sus prácticas de enviar a sus más de 196 afluentes del río, todas las descargas de aguas servidas ocasionando graves problemas ambientales, sanitarios y biológicos.  Hoy muchas microcuencas aún están convertidas en depósito de aguas residuales, a pesar de los grandes esfuerzos económicos y ambientales que se han realizado al poner en marcha la planta de tratamiento de aguas San Fernando en el municipio de Itagüí; las manchas que esporádicamente observamos en el río no son más que la manta que cubre un problema de insolidaridad, irresponsabilidad  y cultura ambiental.

Microcuencas como la Honda en el municipio de Envigado, sector la frontera, evidencian el impacto negativo de un crecimiento demográfico que las curadurías desconocen y que sin control expiden licencias de construcción para nuevos edificios habitacionales, que vierten en una microcuenca sus aguas residuales con la complacencia de funcionarios que desconocen en el río y sus quebradas a un ser vivo que interactúa con los seres humanos, causando a su vez graves problemas de salud para la población en general; igualmente, administraciones como la del Municipio de Caldas que favorecen a constructores, con la recepción de tierras para hacer llenos, cambiando el cauce del río, para su aprovechamiento, olvidando que éste  recuperará su cauce original y se convertirá en nuestro enemigo; las canteras que están ubicadas en el norte del valle de aburrá y que se dedican a la extracción de material de río, sin las debidas licencias ambientales, son otra razón que atenta contra la cuenca.

Estos pocos ejemplos son el inicio de una lista interminable de casos que atentan contra la cuenca del río Medellín y sus quebradas afluentes.  No basta con tener instituciones prestantes encargadas de velar por las buenas prácticas ambientales, éstas tienen que demostrar su competencia y su rectitud para prevenir e impedir hechos dolosos y de corrupción.  Igualmente las ONG´S, que hoy promueven el cambio de conciencia ambiental, debieran contar con instituciones, como lo fuera antaño el instituto MI RIO que se encargaba de realizar programas de educación ambiental.  Programas como ese se truncaron por la politiquería y los celos de instituciones como las Empresas Públicas de Medellín que le ponen una vela a Dios y otra al diablo ambientalmente hablando. Se necesita una institución donde estemos todos representados y defienda a ese ser vivo que es el río, desde su nacimiento hasta su desembocadura.