Por: Alfaro García
En el centro administrativo La Alpujarra se yergue el imponente monumento a la raza del artista Rodrigo Arenas Betancourt que caracteriza el tesón, trabajo, audacia, emprendimiento y solidaridad del pueblo Antioqueño y sirve paradójicamente, de sombra al ciudadano que lo resguarda del inclemente sol abrasador que allí calcina.
Provenientes de los municipios de Andes y Jardín se arremolinaban el pasado 10 de febrero, humildes hombres y mujeres alrededor del monumento, en protesta por haber sido engañados por la firma Fomento Urbano, constructora de viviendas de interés social y al sentir la impotencia y ver desaparecer sus sueños de tener una vivienda propia, protestaban por el desdén del gobierno departamental al no haber actuado de manera oportuna, interviniendo a estas Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) que se constituyen para administrar los recursos de los más pobres y que resultan engañados por algunos de sus miembros avivatos, que cubiertos de un manto de falsa honestidad, están vinculados a las firmas constructoras que utilizan prácticas de subcontratación a muy bajos precios, rompiendo el equilibrio financiero y haciendo inviables los proyectos, con el fin de percibir mayores ganancias; dejando inconclusas las viviendas en unos casos o sin iniciar en otros. Pero lo más delicado, las pólizas de garantía se dejaron vencer.
El problema es gravísimo, despojar a humildes familias de sus ahorros para tener vivienda propia podría conllevar a un problema social de grandes magnitudes, una revolución la hace un pueblo y no una persona y ya comienzan a organizarse, la paciencia de esa raza pujante se está agotando y no soportan más engaños; los compromisos que hace la Empresa de Vivienda de Antioquia con los manifestantes de Jardín y Andes de “entregar la solución financiera para continuar los convenios” el 02 de marzo de 2010 es resolver parte del problema, ¿pero qué pasa con los engañados de los otros municipios? ¿A quién se le va entregar el dinero? ¿Por qué el gobernador niega que pueda apoyar financieramente estos proyectos que se hacen entre particulares, con toda razón, y VIVA los avala en un acta de compromiso?
En Antioquia por lo menos quince municipios han resultado afectados por esta práctica, entre ellos Caucasia, Marinilla, Apartadó, Santuario, Andes y Jardín y cerca de seis mil familias pobres han visto esfumarse sus ahorros programados y los subsidios que otorgan la nación y el departamento. En los cabildos municipales el señor gobernador ha venido denunciando a la
constructora en mención, haciendo énfasis en que todos estos proyectos provienen del gobierno anterior, poniéndole retrovisor al problema pero sin mirar por el panorámico para buscar desde su competencia y por los medios legales la intervención, liquidación y cancelación de personerías jurídicas de estas asociaciones sin ánimo de lucro: sindicatos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de empleados, empresas comunitarias que se hayan conformado como OPV y acudir a la superintendencia de sociedades, en otros casos, para que intervengan a las firmas constructoras.
Otra empresa llamada “Corvidas” viene adelantando proyectos en Amagá, Itagüi, Ciudad Bolívar y Frontino en donde los dos primeros municipios reportan problemas similares a los denunciados. Estos problemas podrían ser corregidos si se construyera una política pública de vivienda para Antioquia como lo contempla el plan de desarrollo “Manos a la Obra” y evitar que un programa que ha sido modelo, fracase.
