Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Las opiniones expresadas en esta columna, son responsabilidad de su autor
Estos días han resultado pródigos en todo tipo de análisis acerca de la pasada campaña electoral, especialmente en los tópicos relativos a la infiltración de dineros calientes, la compra – venta de votos a gran escala, la corrupción campante, el papel de los grupos ilegales, la llegada al Congreso de una nueva generación de para-políticos, el desastre protagonizado por la Registraduría Nacional y la forma como se cambiaron los resultados electorales al amparo de esta última.
Estamos seguros que mas temprano que tarde veremos desfilar muchos de nuestros actuales congresistas electos por los estrados judiciales, pues fue tan evidente su cercanía con delitos electorales que no tuvieron ni la mínima vergüenza de ocultar la forma en que transgredieron la Constitución y la ley.
Al respeto, mientras el país se debatía en torno al tema de la reelección, el crimen organizado, los parapoliticos, la corrupción y el clientelismo preparaban las elecciones para el Congreso de la República con los resultados que ya de antemano conocemos.
Nos corresponde detenernos en asuntos que requieren de una profunda reforma electoral, tanto en aspectos de contenido como de forma, aunque tal y como quedó conformado el Congreso que se instalará el 20 de julio, no creemos que vaya a existir voluntad política para ello.
En efecto, el alto porcentaje de votos nulos sumados a los votos no marcados demuestra por un lado la incapacidad de las personas para el manejo adecuado del tarjetón, la confusión que generó y también la falta de preparación y cultura ciudadana para que éste cumpliera su objetivo. Hay que señalar que si el problema fuera únicamente de metodología y cultura ciudadana no era solo el corto período electoral el escenario para que la gente se educara para su manejo, pues ni el mismo Vicepresidente, Francisco Santos, pudo tramitar acertadamente el tarjetón, o será que ese ejemplo demuestra los “altos niveles de analfabetismo y de incultura ciudadana”, como él lo afirmó.
Creo que sin descartar cambios en esa planilla, incluida la posibilidad de que aparezca la foto del candidato -hecho de por si también engorroso-, el problema de la metodología y el aprendizaje por parte de la gente para la participación y uso del tarjetón debe ser un proceso permanente de enseñanza y aprendizaje que no recaiga sólo en la candidatos y en sus partidos. Debería ser una tarea de largo aliento para toda la institucionalidad, hasta volverlo pan de cada día entre las comunidades; lo que no se puede repetir es el elevadísimo porcentaje de votos nulos o interferencias de ese tipo en el proceso.
En lo relacionado con asuntos de logística y de transporte se deben adoptar medidas que no empañen este trámite democrático. El Estado debe financiar de antemano el transporte para el día de las elecciones. Es decir, que los sistemas que movilizan a las comunidades sean pagados por éste y no por las diferentes campañas o candidatos. Luego, los partidos políticos en comités municipales y locales conjuntamente con las administraciones y entes de control determinan las rutas del día de elecciones. Se prohibirá la contratación de cualquier parque automotor por parte de las campañas y candidatos en particular.
Situación similar debe registrarse con la propaganda y la difusión en los medios de comunicación, promoción, y regulación que debe estar en manos de las colectividades políticas y financiadas previamente por el Estado, prohibiéndose la propaganda o difusión personal de cada candidato. Los medios de comunicación divulgarán las listas de sus candidatos y sus programas en igualdad de condiciones, tal y como determine el partido político o la colectividad de ciudadanos.
Claro, lo anterior debe estar acompañado con la instauración del voto obligatorio, creando estímulos para los sectores de bajo recursos, al igual que se deben proponer las listas únicas de partidos, acabando con el voto preferente y la cifra repartidora. El voto preferente ha convertido las campañas en fortines individuales electorales, permitiendo la presencia de dineros ilícitos y las prácticas incorrectas en política, al igual que ha desnaturalizado los partidos. Se deben promover ante todo los programas e ideales de los partidos en las campañas y los candidatos deben ser escogidos en certámenes internos de cada organización política. Acabar con aquello de que cada candidato organiza su propia campaña desafiando en muchas ocasiones las directrices del Partido.
Por falta de espacio no nos adentramos en otros temas de igual trascendencia que analizaremos en próximas entregas.
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