Los integrantes de la Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub-Región del Nordeste Antioqueño y de la Asociación Mesa Minera Segovia-Remedios se oponen al Proyecto de Ley 059 de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales y demás actividades relacionadas.
Respecto de esta iniciativa de los ministerios de Justicia, de Defensa, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Mesa Minero Agro Ambiental dice que afecta injustamente a los mineros tradicionales y de subsistencia, en la medida en que se les asimila a mineros ilegales por carecer de un título o contrato de concesión. La Mesa agrega que se les desconoce la naturaleza y el carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad de los territorios que ocupan.
Jaime Gallego, presidente de la Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub-Región del Nordeste Antioqueño, pide la construcción de una política pública minera y la formalización de la actividad minera de subsistencia para más de tres millones de mineros ancestrales y tradicionales del País. Afirma que el Estado debe reconocer que la mayoría de barequeros hace parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes que gozan de especial protección constitucional, reconocida en numerosas sentencias de la Corte Constitucional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.
“Solicitamos la caracterización de las comunidades mineras ancestrales y tradicionales de los territorios, respetando la vocación de los mismos que diferencie la minería ancestral y tradicional de la verdadera minería criminal, la que condenamos desde todo punto de vista”, manifesta Gallego.
Las siguientes son otras peticiones de la Mesa Minero Agro Ambiental:
– Exigimos el respeto de los derechos humanos de las comunidades mineras ancestrales, de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política, teniendo en cuenta que las comunidades vienen realizando esta labor desde mucho antes de la época de la colonia.
– Invitamos a que exista una cesión de títulos en posesión de empresas privadas y multinacionales, a las cuales el Gobierno ha dado prioridad, fomentando la monopolización de la extracción de recursos naturales y promoviendo la formalización a través de la cesión de áreas, desconociendo los derechos que les asisten sobre el suelo y subsuelo de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan y ocupan esos territorios.
– Solicitamos reconocer la actividad minera ancestral y tradicional como una actividad económica legítima, y que en virtud de ella, se fomente y garantice el acceso del minero ancestral o barequero a los servicios del sistema bancario y financiero, a quienes hoy se les impide su acceso por la estigmatización que el propio Estado colombiano ha hecho de la actividad del pequeño minero, como del minero de subsistencia, considerándola como una actividad criminal y asociada al narcotráfico y a las bandas criminales.
– Exhortamos al Gobierno nacional y al Congreso de la República a flexibilizar y agilizar los procesos de formalización de los pequeños y medianos mineros titulares para cumplir de manera oportuna las exigencias ante los entes gubernamentales con la posibilidad de expandirnos a nivel internacional.
Por su parte, la fundadora de la Asociación de Chatarreras de Segovia y Remedios, Dania Alejandra Marín, reclama el reconocimiento de las actividades de chatarreros y chatarreras como fuente de ingreso principal de hombres y mujeres cabezas de familia que incluyen comunidades indígenas, afro, personas con movilidad reducida y adultos mayores.
Si no hay respuesta efectiva de parte del Gobierno, esta Mesa Minera realizará una movilización nacional para reclamar el reconocimiento y la formalización como mineros ancestrales y tradicionales.
