Por: Jorge Gómez
A pesar de las graves amenazas, que sin mucho trecho han pasado del dicho al hecho, los dirigentes sindicales, la Asociación de Acreedores, y una de las organizaciones de pensionados, vienen promoviendo en Segovia y otros municipios del nordeste antioqueño, una desobediencia civil contra la venta de los activos de la Frontino Gold Mines.
Y razones no les faltan. Ya expusimos en una primera entrega, cómo el precio por el que compran los comisionistas canadienses (que no compañía minera como se pretende hacer creer a la opinión pública), es irrisorio frente a las reservas probadas explotables a perpetuidad, y en vista del sorprendente y creciente precio del precioso metal.
Alegan los trabajadores que el Gerente Liquidador no tiene facultades legales para llevar a cabo la venta. Existen títulos vigentes como evidencia de la propiedad de la masa de activos en cabeza de trabajadores y pensionados, y por tanto son éstos los únicos que podrían llevar a cabo un negocio de esta naturaleza.
La historia es simple. En el año de 1976 a causa del bajo precio de oro y los altos costos de producción, los gringos dueños de la mina decidieron iniciar un proceso de liquidación, y así se lo notificaron al gobierno nacional. El proceso termina el 6 de marzo de 1979. Al día siguiente, ante el notario público Antony Alzalone en la ciudad de New York suscriben un documento, autenticado por el Consulado colombiano en esa ciudad, en el que plasman la decisión de entregar los activos de la empresa liquidada, de forma irrevocable e indiscriminada a los trabajadores y jubilados en dación en pago por sus acreencias laborales, por lo que en adelante se convertirían en sus únicos dueños.
En ese momento quedó establecida la obligación de legalizar el traspaso en Colombia por parte de la Superintendencia de Sociedades y del antiguo Ministerio del Trabajo, mandato que nunca materializaron, omisión abiertamente ilegal. Pero también ocultaron de manera dolosa el documento de cesión, el cual solamente fue conocido por los trabajadores 21 años despúes.
Cuándo los trabajadores se enteran de la existencia del documento, en el año 2000, adelantaron diversas gestiones para protocolizarlo y legalizarlo, encontrando una actitud dilatoria y obstructiva por parte del gobierno, al punto que en el año 2004, las Supersociedades decreta nuevamente la liquidación, procedimiento que ya se había efectuado. Y hoy procede arbitrariamente a la venta de los activos a la Medoro Resources.
Esta sintética narración del proceso legal deja ver que la intención de las autoridades colombianas durante 31 años, ha sido la de impedir que los trabajadores y pensionados tomen posesión de lo que les pertenece y el monumental enredo jurídico que han creado, les ha permitido hoy la entrega de un valioso patrimonio a un especulador foráneo.
Este desenlace se produce en medio del clímax de la “confianza inversionista”, el huevo primogénito de los tres que ha pedido el presidente Uribe que se empollen y que los dos aspirantes a sucederlo en el cargo han anunciado cuidar con el mayor celo.
Se han violado todas las leyes, y se anuncian más. La Medoro Resources ha afirmado que únicamente garantiza el empleo a 1600 trabajadores por un año, es decir, que va a liquidar la organización sindical y a desconocer la convención colectiva vigente 365 días después de asumir el control de la mina.
Y como si eso fuera poco, grupos armados ilegales adelantan una campaña de intimidación contra quienes se oponen a la venta, lo que ya ha obligado a abandonar el municipio de Segovia a varios dirigentes, y tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos al integrante de la Junta Directiva de Sintraminergética John Jairo Zapata, víctima de una ataque de sicarios el pasado sábado.
En resumen: la leyenda del Dorado convertida en realidad, y el tesoro arrebatado a sangre y fuego, pisoteando las más elementales disposiciones legales. Tal como lo hubiera hecho cualquiera de los conquistadores que persiguieron la quimera hace 500 años.
