El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, le pidió al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Diego Molano, que hagan presencia en el municipio de Ituango, que acompañe a sus habitantes con atención inmediata y que les brinde una solución integral a la problemática que están sufriendo.
Más de 4.000 de estos antioqueños del Norte del departamento de Antioquia son víctimas de desplazamiento debido a amenazas de las Disidencias de las FARC, además del inminente desabastecimiento de alimentos, de combustibles y de gas, consecuencia del bloqueo de la vía principal por un derrumbe de grandes dimensiones.
Las familias fueron desplazadas de las veredas Santa Lucía, Quebrada del medio, El Quindío, Santa Bárbara, El Limón, Las Brisas, El Chuscal, Los Sauces, Las Arañas, La Miranda, San Isidro, Alto de San Agustín, El Mandarino, Cenizas, El Herrero, El Cedral, El corregimiento de La Granja, Chontaduro, Murrapal, Palmitas, Montealto, Quebradoncita, El Amparo, El Inglés, La Georgia, El Río, Chispas y El Yolombo.
Además del Frente 18 de las disidencias de las FARC, las autoridades informan que miembros del Clan del Golfo buscan el control territorial de Ituango y sus zonas rurales, generando el terror en la población.
Nicolás Albeiro Echeverry también le solicitó al alto Gobierno atención urgente en Necoclí, municipio del Urabá antioqueño, donde desde el pasado 23 de julio más de 10.000 migrantes que buscan llegar a Panamá y a Estados Unidos, han venido siendo víctimas del tráfico de migrantes por parte del Clan del Golfo.
“Es la peor crisis migratoria que ha vivido el Urabá en los últimos años. Haitianos, de países africanos y asiáticos están represados y sufriendo en esta costa. Y de esto se están lucrando algunos gracias a la indiferencia del Estado”, manifestó el Congresista conservador.
Echeverry Alvarán dijo que aunque la migración no es un delito, tanto el gobierno de Colombia como el de Panamá no han permitido pasos humanitarios para evitar el tráfico de migrantes, lo que se convierte en violación de Derechos Humanos.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que nos apoye con esta situación que tiene colapsados los servicios públicos, bancarios y turísticos en la zona”, agregó.
El Representante a la Cámara solicita al Presidente de la República, a la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y a Migración Colombia que procedan con un plan de acción integral e inmediato para solucionar este problema recurrente en la región.
