En el Concejo de Medellín hubo nueva división este viernes, 4 de noviembre de 2022, en torno a la decisión de estudiar y debatir el proyecto del Presupuesto General de Medellín para la vigencia del año 2023. La oposición al alcalde Daniel Quintero Calle afirma que, supuestamente, el Proyecto fue radicado extemporáneamente y que llegó por correo y sin firmas. La concejal por el partido Centro Democrático, Leticia Orrego, asegura que la radicación ante la Secretaría General de la Corporación en estas circunstancias viola la Constitución, la Ley y el Reglamento Interno del Concejo.
La oposición al alcalde Quintero Calle ha fundamentado en la presunta ilegalidad la decisión de no discutir el Proyecto de Presupuesto para 2023, hasta que un juez les de la orden para hacerlo, librándolos del temor a incurrir en un presunto prevaricato por acción.
Frente a la tutela sobre el tema, interpuesta por el también concejal de Centro Democrático, Julio Enrique González, ya hubo un adelanto por parte de un juez constitucional en el sentido de no acceder a la medida cautelar solicitada para suspender el estudio del proyecto de presupuesto y revocar la designación de la coordinadora de ponentes y de los ponentes.
Por su parte, el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, respondió consulta de la concejal Leticia Orrego afirmando “que, evidentemente, son varias las normas que permiten la radicación o envío de documentos a través de medios electrónicos, contribuyendo al uso de las tecnologías de la información y materializando principios rectores de la función pública como son la celeridad, la economía, eficacia y que por lo anterior es jurídicamente viable darle trámite al proyecto de Acuerdo de presupuesto para la vigencia 2023”.
Frente a la posición de los concejales que se niegan a la discusión del proyecto de presupuesto están 10 concejales que esperan que, como dice Fabio Humberto Rivera, sean respetados en su inclinación a discutir el Proyecto, trascendiendo el interés político y respondiendo al interés general de la ciudadanía.
En medio de la polémica en el Concejo de Medellín sobre si se discute o no el proyecto de Presupuesto General de Medellín para 2023 -que está aforado en 7.3 billones de pesos, un 16% más que el de la actual vigencia- la oposición introdujo a la disputa el tema del presupuesto para el ITM, con la aseveración -en medio de la presencia de barras de estudiantes en las graderías del recinto del Concejo- de que la administración del alcalde Quintero quería golpear, con intenciones de venganza política, las finanzas de la Institución Universitaria al bajarle el presupuesto de 44 mil millones a 38 mil millones de pesos.
Frente a esta circunstancia evidentemente populista por parte de algunos concejales de la oposición como Simón Pérez y Daniel Duque, el concejal liberal Fabio Humberto Rivera recordó la importancia del debate político en las sesiones del Concejo para definir, más allá de intereses politiqueros y con la participación de las entidades y las comunidades interesadas, cuál debe ser el presupuesto que debe ser asignado, en este caso, al ITM. Precisamente, para la presente vigencia, pasó de 29 mil millones a 44 mil millones de pesos.
El concejal Carlos Mario Romero entendió la lógica de discutir el presupuesto tanto del ITM como de cada una de las insituciones educativas, pero con argumentos técnicos, con la convicción de que si el ITM necesita 53 mil millones de pesos, eso le será aprobado por el Concejo. Por eso invitó a sus colegas a ser coherentes con su intención de apoyar la educación universitaria “sin demagogia” y quitándole el “tinte politiquero a la discusión, porque con la educación no se juega. Es lógico que no se puede desmejorar la calidad de la educación y, por supuesto, los logros del ITM. Es necesario hacer un debate desde lo técnico y no desde lo político”, precisó el concejal Romero.
Consecuente con esta lógica, la coordinadora de ponentes del Proyecto de presupuesto, Lina García Gañán, dijo que iniciará el martes, 8 de noviembre de 2022, el estudio de necesidades con las entidades y las comunidades para acercar el presupuesto a las necesidades reales de la Ciudad en materia de educación, salud, obras de infraestructura, presupuesto participativo, seguridad, vivienda, afectaciones por el invierno y todos los aspectos que tienen que ver con el presupuesto necesario para mejorar las condiciones de vida y la dignidad humana de los habitantes de Medellín. Lina García manifestó que el 30 de noviembre debe estar claro ese estudio y, por eso, invitó a los concejales que quieran participar en las conversaciones no vinculantes para adelantar el proceso.
El concejal Jaime Roberto Cuartas planteó en Sinergia Informativa que es necesario que la discusión del presupuesto del ITM y de todas las instituciones universitarias se de en el marco del debate del proyecto de Presupuesto General de Medellín para 2023. Considera que es lo lógico.
Agregó que mientras un juez no lo ordene, asistirá a las sesiones de estudio convocadas por la coordinadora Lina García. Está convencido de que no estará prevaricando porque por encima está su función y responsabilidad constitucional y legal de discutir el presupuesto, pensando en el bienestar general de la población que depende de un presupuesto que pueda poner en práctica el Alcalde, conforme con el Plan de Desarrollo.
En todo caso, si el Concejo, finalmente, no discute el proyecto del Presupuesto, el Alcalde de Medellín podrá poner en marcha el presupuesto para 2023, por decreto. Eso lo tiene en claro la oposición, como lo manifiesta la concejal Leticia Orrego.
La decisión que tomen los concejales de Medellín en torno a esta polémica que tiene en vilo la discusión democrática del proyecto de Presupuesto para 2023, tiene el fundamento, entre otras normas constitucionales y legales, en el Decreto 006 de 1998, “por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 (instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social) y el Acuerdo 38 de 1997 (el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se esperen realizar durante la vigencia fiscal respectiva), que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín”.