El contralor Distrital de Medellín, Pablo Andrés Garcés Vásquez, dijo que en la actualidad la Entidad evalúa mediante Auditoría si la decisión que tomaron 11 concejales de Medellín de no autorizar la enajenación de acciones de EPM en UNE e Invertelco, en octubre de 2022, representa un posible daño económico para la empresa de servicios públicos y para la Ciudad.
A propósito de la decisión de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia de iniciar indagación previa en contra de los concejales Alfredo Ramos, Sebastián López, Claudia Ramírez, Leticia Orrego, Dora Saldarriaga, Simón Pérez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, Luis Carlos Hernández, Julio Enrique González y Simón Molina, por ser los presuntos responsables de la pérdida de más de un billón de pesos de EPM, el Contralor precisó que las competencias y los objetivos de ambos organismos de control son muy distintos, por lo que no es dable suponer que la Contraloría deba actuar al unísono con la Procuraduría.
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Pablo Andrés Garcés Vásquez aclaró que la Procuraduría protege bienes jurídicamente tutelados, distintos a los de la Contraloría: la conducta legal del servidor público cuando desconoce normativas de orden legal.
“La Contraloría protege el patrimonio del Estado, pero habiéndose evidenciado que haya un daño cierto, anormal y antieconómico. Y es lo que se está haciendo en la actualidad en la Auditoria de cumplimiento al proyecto de UNE. No porque los concejales hayan tomado la decisión frente a la venta de acciones, per sé, habrá un detrimento”, explicó el Contralor Distrital.
Garcés Vásquez precisó que él no puede iniciar una acción fiscal como respuesta a una decisión política que haya tomado la corporación Concejo de Medellín. Agregó que sólo puede empezar dicha acción si el daño es evidentemente un detrimento, el cual tiene que ser cierto, anormal y antieconómico… Y eso es lo que se está evaluando en la Auditoría.
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, había dicho en rueda de prensa que la decisión de los concejales podría configurar un daño al erario, pero que habría que analizar con calma la situación.
La respuesta del Contralor General se refirió a la pregunta de un periodista sobre la decisión política tomada por los concejales de oposición al alcalde Daniel Quintero, contraria a la argumentación técnica y financiera que fundamentaba la necesidad de aprobar el proyecto de enajenación de acciones.
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Los concejales de Medellín por el Partido Centro Democrático habían planteado la factibilidad de votar positivo el Proyecto de Acuerdo 103 de 2022, por el cual la Administración del alcalde Daniel Quintero Calle le pidió al Concejo de Medellín que le autorice a EPM activar la “cláusula de protección del patrimonio público”, enajenando las acciones que tiene en UNE e Invertelco, pero con la condición de que de los cerca de 2.5 billones de pesos de la enajenación, ni un peso fuera “para Quintero Calle” y en cumplimiento de otras condiciones.
Sin embargo, la evidencia de una decisión política que posiblemente puso en riesgo
las arcas del Estado, no es suficiente para el contralor de Medellín, Pablo Andrés Garcés, hasta que sea evidente, después de una Auditoría, que la no venta de las acciones dio lugar a un detrimento del patrimonio.
