Por: Ramón Elejalde Arbeláez
El Gobierno, la Justicia y los órganos de control, tanto el disciplinario como el fiscal, merecen todo el respaldo del pueblo colombiano en la campaña que han desatado para perseguir la corrupción. No puede ser que las mismas autoridades nos continúen diciendo que más de cuatro billones de pesos quedan en los bolsillos de los pícaros que saquean el Estado y no pase nada.
Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Juan Manuel Santos, Viviane Morales, Sandra Morelli y Alejandro Ordoñez, tienen que continuar por la senda que ya iniciaron: guerra total a la corrupción. La Corte Suprema ha sido valerosa y nadie puede poner en duda que su labor ha sido difícil, incomprendida en muchos casos, pero ejemplarizante para la sociedad y para la misma Justicia. La mayoría de los colombianos estamos seguros de que la historia ponderará su posición.
No voté por el presidente Juan Manuel Santos y hoy tengo que reconocer que lo viene haciendo bien. Su solo combate a la corrupción, salva el cuatrienio. Veníamos sumergiéndonos en un lodazal que amenaza la viabilidad de Colombia como estado. Viviane Morales despega y despega bien, pero es indispensable que sus acciones se vean reflejadas en las regiones donde a veces desespera la indolencia de los fiscales que parecen no entender el clamor ciudadano contra los funcionarios, proveedores y contratistas venales. Parece que ni leyeran, ni vieran, ni escucharan los medios de comunicación cuando cuentan tanta podredumbre que nos asecha. En Bogotá no es el único sitio donde hay corrupción, nuestras regiones, ciudades y pueblos ven surgir a nuevos potentados económicos que provienen de los cargos públicos. La fiscal debe sacudir la modorra de sus funcionarios en la provincia si quiere redondear bien la faena que ha iniciado en Bogotá. Sandra Morelli parece rescatar una Contraloría que en el anterior período fue una verdadera vergüenza. Viene actuando con seriedad y con energía. La opinión pública tiene muchas esperanzas en la labor fiscalizadora de esta dama. Del procurador Ordoñez Maldonado tengo muchísimas reservas por su fanatismo religioso que a veces lo hace cometer desaguisados como el censurar los fallos de la Corte Constitucional, que deben ser para él y para los respetuosos del Estado de Derecho una “verdad social definitiva”, pero en materia de corrupción ha tomado el toro por los cuernos. También el procurador debe revisar lo que pasa en las regiones, porque Bogotá debe marcar la pauta para su dependencia pero en las regiones todos tienen que marchar al mismo ritmo. En Antioquia, por ejemplo, el combate a la corrupción no tiene el mismo ímpetu que impone la capital de la República. Casi que aquí no pasa nada.
Hay pues una luz de esperanza en la lucha contra la corrupción. Esta debe ir acompañada de campañas educativas en las escuelas, en los colegios, en las universidades y en los medios de comunicación. Sólo así logramos imponer una nueva cultura del respeto por lo ajeno, especialmente de respeto por lo público.
