Muy preocupados están los miembros de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes con el Instituto Nacional de Concesiones –INCO- porque, al parecer del presidente de la Comisión, Óscar de Jesús Marín, “en vez de mejorar ha empeorado”.
Se refiere el Representante antioqueño a que la entidad ha evidenciado desgreño administrativo, debido a que los dictámenes a sus estados financieros no han sido buenos: de acuerdo con los principios contables aplicados sobre la base de su comportamiento financiero en 2008, el INCO obtuvo un dictamen con salvedad, y en 2009, con abstención.
“Y durante el año 2010, el INCO realizó pagos por casi 86 mil millones de pesos, ordenados en laudos arbitrales, sentencias judiciales y conciliaciones, lo que supone que la Nación debe entregar a particulares buena parte del erario, como consecuencia de incumplimiento a los concesionarios”, sostiene Óscar Marín.
El Presidente de la Comisión Legal de Cuentas recuerda que a 31 de diciembre de 2010, el INCO reportó a la Contaduría General de la Nación un saldo en “Créditos Judiciales” por valor de 345 mil millones de pesos, tanto por sentencias judiciales ejecutoriadas en su contra como por saldos pendientes por pagar.
Este miércoles, 18 de mayo, la Cámara de Representantes realizará un debate sobre el tema al cual está invitada la gerente del Instituto Nacional de Concesiones –INCO-, María Inés Agudelo, quien explica que gran parte de estas deudas se debe al compromiso del Estado de garantizarle al concesionario “que en aquellos casos en los cuales existiera un déficit entre el tráfico real de vehículos que cancelaban peaje y el tráfico que se había proyectado para determinada vigencia, asumiría y le cancelaría al concesionario el valor de dicha diferencia”.
“La Comisión Legal de Cuentas analizará detenidamente la situación y expedirá su propio dictamen”, plantea el representante liberal, Óscar de Jesús Marín.
