Agencia Virtual de Prensa –AVP-. Los concejales de Medellín avanzan en el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial –POT–, herramienta por excelencia para definir las prioridades en cuanto a disposición urbanística de la Ciudad. Para el concejal Rober Bohórquez Álvarez, el POT se convierte en el instrumento fundamental para la prevención y gestión del riesgo.
“El actual mapa de riesgos señala que cerca de 900, de las 15.700 hectáreas que tiene Medellín, son zonas de alto riesgo no recuperable, y aproximadamente 180 mil grupos familiares habitan en ellas. Por eso nuestro estudio debe ir enfocado a la protección de áreas verdes como frontera natural para el control de la expansión demográfica”, manifiesta el Concejal de Cambio Radical.
La ejecución del Cinturón Verde Metropolitano y la revisión del POT, garantizarán que no ocurra en Medellín lo sucedido en La Paz, Bolivia, donde el crecimiento urbanístico y demográfico desbordado copó las laderas de la ciudad, generando una urbe con múltiples riesgos y un ambiente saturado.
“Aunque con la creación del Departamento Administrativo para la Gestión y Prevención del Riesgo –DAGRED-, hemos dado un paso fundamental en cuanto a la preparación contra eventuales tragedias, tenemos que seguir adelantando esfuerzos para modernizar nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos y corregir los errores que persisten. Es necesario que todas las estaciones bomberiles queden actualizadas con los estándares que exige la norma de sismo resistencia”, dijo Rober Bohórquez.
El Proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial señala que urge tener un sistema de información para la gestión del riesgo que cuente con una actualización de la base cartográfica, demográfica y normativa. “Además se debe fortalecer el monitoreo y evaluación de amenazas. La formulación de políticas relativas a la vivienda y el desarrollo de una cultura de prevención local”, afirma el Concejal.
Para Rober Bohórquez se hace perentorio que la Secretaría de Gobierno, el DAGRED, la EDU y el ISVIMED estén muy atentos a la práctica ilegal que se presenta en la parte alta de la zona nororiental, donde algunos inescrupulosos negocian predios y lotes en zonas de alto riesgo con familias que buscan ser incluidas en el censo para obtener vivienda nueva o una indemnización por concepto de compra de predios.
