Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
La más reciente encuesta realizada por la firma Yanhaas Poll arroja un dato demoledor y contundente: Santos tiene un 14% de popularidad; como dice una reconocida periodista, ni Gaviria con el apagón, ni con lo de la cárcel La Catedral; ni Samper con el proceso 8.000; ni Pastrana con lo del Caguán, tuvieron unos índices de popularidad tan bajos, pero poco debe preocuparle, él, consciente de esta situación hace unos pocos años, dijo que no le importaba sacrificar su capital político por sacar adelante la paz, capital político que como se sabe, nunca lo tuvo, le pertenecía a otra persona.
Los males que padece este país, que no está de más recordar algunos: corrupción en todas las esferas; pobreza absoluta; la carencia o deficiente prestación de servicios básicos y esenciales como agua, alcantarillado, energía, gas, salud y educación; atraso en infraestructura; falta de oportunidades para conseguir empleo y acceder a vivienda; carestía de la vida; suba constante de impuestos; incremento desmesurado de grupos delincuenciales sin que se combatan adecuadamente; alteraciones constantes del orden público; entre otros, no son atribuibles a un gobierno en especial, vienen de muchos años atrás y para lograr un cambio considerable y que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida producto de la solución de estos problemas, tardará décadas; pero lo que no puede negarse, es que sí aparecen gobernantes que acentúan, profundizan y agudizan los males existentes. Por eso se torna injusto pretender revocatorias de mandatos de gobernantes que llegan a tratar de hacer bien la tarea pero les cuesta trabajo porque sus inmediatos antecesores no han dejado sino caos; en otros casos se vuelven necesarias, debido al incumplimiento de las promesas de campaña. Pero sucede que en Colombia ninguna llega a buen término, muchas, ni alcanzan a nacer por la serie de trabas que la legislación exige en orden a revocarle el mandato a un inepto o corrupto gobernante. En un artículo que publiqué hace unos meses hice un paralelo entre el sistema presidencialista y el parlamentario, desarrollé sus diferencias como también las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Y en lo que respecta a un mal gobernante, sin lugar a dudas el parlamentario ofrece una solución justa y rápida: el jefe de estado pierde la confianza del parlamento, ha de entenderse del pueblo, y en menos de lo que canta un gallo, es reemplazado por otro, que si tampoco sirve, corre igual suerte. Los ciudadanos de América Latina, hemos tenido que padecer el lastre de presidentes corruptos e ineptos, ni las encuestas, ni los escándalos, ni los patos permanentes, ni el descontento generalizado los persuaden a renunciar, hasta que termine el mandato, nos toca aguantárnoslos; habrían unas pocas excepciones, como en Ecuador hace unos años, donde el congreso destituyó a Abdalá Bucaram por incapacidad mental; o en tiempos recientes, el caso de Otto Pérez Molina, presidente en ejercicio de Guatemala, que renunció ante los escándalos de corrupción. Pero en Colombia esto está lejos de suceder. Qué hacer entonces? Como lo dije unas líneas atrás, si para revocarle el mandato a un alcalde de pueblo no es posible, qué decir de un presidente. Como entre nosotros muy pocos le jalan a la instauración de un régimen parlamentario, debiera incluirse en la Constitución un artículo en el que se dijera que a la mitad del período para el cual fue elegido el jefe del estado, los ciudadanos podamos ir a las urnas a decir si merece seguir gobernando y terminar el mandato o no, en este último caso, convocar en un plazo razonable a nuevas elecciones. Que viviríamos en permanentes elecciones, dirán los detractores. De verdad que ello no es nada frente a los constantes escándalos de todo tipo que se dan a diario en nuestro país, con esto si tenemos que convivir. De haber existido este mecanismo nos habríamos librado de Santos hace 5 años y de otros iguales o peores, y de existir hacia el futuro, nos libraremos de malos gobiernos, sería un extraordinario mecanismo de participación ciudadana, se les exigiría más a los políticos y creo que los índices de corrupción, con el tiempo, se “reducirían a sus justas proporciones”. Este mecanismo si se convierte en una verdadera revocatoria sin tantos requisitos o en un premio, si es que se merece.
