Los defensores del control fiscal y de la lucha contra la corrupción, siguen lamentando “la pésima noticia con que empezamos el año, pues pese a la promesa del propio Presidente de la República de sancionar el proyecto de ley que busca fortalecer presupuestalmente las contralorías territoriales, debemos registrar que haya sido objetado”, manifestó el Presidente Nacional de la Asociación de Servidores Públicos de las Contralorías de Colombia, Henry Torres Castro.
El proyecto de Ley “por medio del cual se fortalece el ejercicio del Control Fiscal” –que según el representante, Óscar de Jesús Marín, Ponente Coordinador, pretende que el presupuesto de las contralorías territoriales mantenga una permanente actualización ajustada a la economía real para que el crecimiento de sus ingresos no sea desproporcional con sus gastos administrativos y de funcionamiento- fue objetado por el Gobierno el 30 de diciembre pasado.
Según Torres Castro, no se entienden los argumentos de inconstitucionalidad esbozados por el Gobierno, frente a una votación en cada debate con las mayorías calificadas que exige la Constitución. “La verdad es que después de nueve años de lucha tratando de minimizar el lesivo impacto que dejó la Ley 617 de 2000 a las contralorías territoriales, la conclusión es la misma: la Ley 617 de 2000 está concebida para acabar progresivamente con el control fiscal territorial, y el actual Gobierno le juega a debilitar más y más el control fiscal territorial”, explicó el Presidente de ASDECOL.
Por su parte, el contralor Municipal de Itagüí, Iván Alberto Palacio, le pidió al presidente Uribe no dejar caer la bandera de la lucha contra la corrupción que enarboló desde su primera candidatura. Y le recordó que “el dinero que pretende ahorrarse en las 62 contralorías territoriales del país, es dinero que está invirtiendo en corrupción, porque mientras permite con las objeciones que el control siga a pie, las entidades auditadas van en avión en cuanto a talento y recursos financieros, físicos y tecnológicos. Es decir, con mayor capacidad de blindaje ante cualquier intento de control”.
“Estamos comprometidos a seguir adelante con nuestra tarea”, aseguran contralores y servidores públicos de las contralorías, quienes respaldan al representante Óscar de Jesús Marín -quien se la ha jugado totalmente para sacar adelante el Proyecto de Ley-, al igual que a los demás congresistas que con su voto favorable y casi unánime, aprobaron este deseo lógico de fortalecer fiscalmente las entidades que tienen el deber constitucional y legal de prevenir cualquier asomo de corrupción y ayudar a mantener en superávit los departamentos y municipios de Colombia.
