Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Todo el mundo sabe que Alvaro Cruz, el dos veces gobernador de Cundinamarca, la primera vez que lo fue terminó su período constitucional, la segunda, no pudo, porque una investigación penal que tiene en su contra se le aceleró de tal manera que no pudo terminar el mandato, es un político de peso y de importancia a nivel regional; y su esposa, una abogada de renombre, que se mueve como pez en el agua en muchos escenarios políticos, jurídicos y judiciales en Bogotá.
Antes de ser gobernador por segunda vez era miembro de la empresa ICM Ingenieros, firma encargada de contratar y ejecutar obras, terminó ofreciendo sobornos por valor de 800 millones de pesos a varios exconcejales y funcionarios de la Unidad de Malla Vial de Bogotá para hacerse a un contrato por valor de 25 mil millones de pesos, hecho este que hace parte de lo que se conoce como el “Carrusel de la contratación” en la capital de la República. Inicialmente negó los señalamientos que dizque porque se trataba de un homónimo, pero frente a la contundencia de las pruebas, no lo quedó alternativa distinta a la renuncia a su cargo de gobernador de Cundinamarca.
El viernes pasado, en un juzgado de control de garantías de Bogotá, terminó aceptando los delitos de Cohecho por dar u ofrecer, Interés indebido en la celebración de contratos y Abuso de confianza, estaba por verse si se le imponía o no medida de detención preventiva. Tanto se estiraban sus influencias que hasta a un procurador judicial, Ulpiano Hernán Joval Muñoz, dicen las investigaciones, entre él y su esposa, le dieron 2000 millones de pesos para que alguna investigación disciplinaria no ascendiera a mayores y para que en la fiscalía se frenara la investigación penal adelantada en su contra, creyendo o pretendiendo llegar al vicefiscal general con este fin. Por esta última razón a la esposa del exgobernador, Luz Zoraida Rozo, el fiscal general anunció que también será llevada ante un juez de garantías para imputarle el delito de Cohecho por dar u ofrecer.
Es verdad que cometió los delitos ya aceptados siendo un particular, pero utilizó el cargo de gobernador para pretender comprar y corromper funcionarios públicos que algo tenían que ver en su investigación penal, para lo cual se valió en un procurador judicial, conocido suyo y de su mujer, para que ejerciera sus buenos oficios en pro de que se estancara la investigación penal en su contra. Esto es igual o más grave que si hubiera cometido los delitos como servidor público. A su vez, su mujer, parapetada en la condición de su esposo y sus personales relaciones e influencias, coadyuvó en el cometido criminal y por ello será una usuaria más del sistema judicial.
Hace unos meses como un político con poder; hace unas semanas, que lo vi en Bogotá caminando por la calle, como un ciudadano cualquiera y hoy, como cualquier delincuente.
En el periódico El Espectador del domingo 4 de octubre de 2015, en una nota denominada “El ventilador de Figueroa”, se dice que Omar Figueroa Reyes, ex director de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entregó a la fiscalía una matriz en donde delata 29 personas que hicieron negocios ilícitos con los bienes cuya administración detentaba la entidad que él presidía, entre los cuales se encuentran congresistas, amigos de estos, empresarios, ex funcionarios y particulares que andan muy tiesos y muy majos como si nada hubiera pasado. Rescatable el hecho de que contribuya eficazmente con la delación de quienes han delinquido contra del Estado, lo han esquilmado y continúan, como funcionarios públicos o privados, aparentando ser respetuosos de la ley.
Tan acostumbrados estamos y seguiremos estándolo a estos episodios de corrupción en las altas esferas, que ya parece que somos muy pocos los que nos rasgamos las vestiduras ante semejantes hechos. Hay una especie de anestesia en ciertos sectores sociales que les parece tan normal que poco les importa o ven con desconfianza que sean verdaderamente juzgados por un sistema judicial que despierta muchas inquietudes.
Es importante que la comunidad entienda que en sociedades medianamente maduras y civilizadas, hay sectores que no admiten y no toleran fenómenos tan graves como los de la corrupción política, administrativa y privada. A las condignas sanciones de orden legal, deben venir aparejadas otras de orden social, deben existir movilizaciones, campañas de denuncia, monitoreo de los procesos judiciales que se adelantan con ocasión de la comisión de estos delitos, entre otros aspectos.
Todo lo anterior en orden a tratar de prevenir, controlar y juzgar conductas tan graves, que no podemos mentirnos: es tal vez el peor problema que tiene Colombia en la actualidad. O para decirlo en palabras de un expresidente: “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”, expresión realista que indica que erradicar la corrupción por completo es una utopía y que ha valido, todavía hoy, para que el personaje de marras sea un hazmerreír.
