Por: Jorge Mejía Martínez
Aníbal Gaviria Correa marcó diferencias éticas con los demás precandidatos liberales a la Presidencia de la república. El puyazo desaletargador de la campaña lo propició el exgobernador de Antioquia –único precandidato liberal con experiencia como gobernante elegido popularmente- al reclamar una postura colectiva frente a acompañamientos de personajes cuestionables en los equipos de campaña. Las respuestas de los precandidatos al requerimiento de Aníbal Gaviria producen desazón. La dirigencia liberal allí representada demostró que la historia reciente de incongruencias que han reducido al liberalismo a un partido más como cualquier otro- viudo del poder en los últimos 10 años- no fue asimilada con contrición de corazón y propósito de enmienda.
Aníbal Gaviria llamó la atención, en el foro del diario El Espectador de la semana pasada, sobre el hecho de que en Antioquia la campaña del connotado precandidato Rafael Pardo tuviera como protagonista a un dirigente con tantos cuestionamientos éticos como Cesar Perez Garcia. El ex Ministro de defensa se quedó callado, mientras los demás se limitaban a reclamar el nombre del aludido, invocando estar libres de toda culpa y que el problema no era más que una desavenencia personal entre Gaviria y Pardo. No existió una actitud de RESPONSABILIDAD POLÍTICA, la misma que el liberalismo no ha dejado de reclamar en los últimos años alrededor de temas como la “parapolitica”, la “yidispolitica”, las chuzadas del DAS y los falsos positivos. Ahora resulta que el talante de los coequiperos en política es un mero asunto personal.
Bueno, y ¿quién es Cesar Perez Garcia, el dirigente que siempre actúa como generoso anfitrión en Medellín de la dirigencia política de Bogotá, financiador de varias campañas proselitistas y de diversos candidatos políticos multicolores a la vez?
Es un hombre electoral y empresarialmente exitoso, pero judicialmente inculpado. Luego de un paso triunfal por el congreso de la república tuvo un grave traspié que le implicó en 1994 la perdida de investidura de congresista por parte del Consejo de Estado, porque el corporado que ejerció como Presidente de la Cámara de representantes “se constituyó en uno de los artífices del artículo 132 de la Ley 30 de 1992, que estableció la destinación del 50 por ciento de los recursos de las cooperativas a centros docentes de economía solidaria” siendo propietario y directivo de la favorecida Universidad Cooperativa de Colombia. Debido a la indelicadeza cometida el consejo de Control Ético del Partido Liberal lo sancionó con expulsión de la colectividad arguyendo que “violó el régimen de conflicto de intereses consagrado en la Constitución Política, dando lugar a que la autoridad judicial decretara la pérdida de su investidura de congresista”.
Pérez no volvió a aspirar al congreso pero conservó vigencia haciendo de la Asamblea departamental de Antioquia su trinchera política. Por actuaciones suyas como Presidente de la Duma en 1998 recibió una segunda condena esta vez de nueve años de prisión, por delitos como peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad en documento público. El juzgado Penal 19 del Circuito de Medellín, confirmó el fallo en segunda instancia. Todavía conserva su curul porque echó mano del último recurso extraordinario de casación o suplica. La casa por cárcel lo persigue. Como lo han perseguido señalamientos tétricos como su supuesta participación en una masacre del nordeste de Antioquia o recientemente en el asesinato de Luis Carlos Galán.
Este fin de semana estuve en un municipio donde su alcalde es del grupo de Cesar Perez. El comentario general es que el equipo de Perez tiene mandatario, pero sin fortaleza en la localidad, dado que su costumbre es financiar en épocas de campaña electoral la compraventa de votos en lugar de ganar adeptos a punta de acompañar a la comunidad.
