Ante la grave situación de los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, Antioquia busca adoptar una Política Pública Integral de Derechos Humanos.
La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, dijo que en el año 2018 fueron asesinados 25 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el Departamento, mientras que en lo que va del año 2019, sólo se ha presentado un caso, según lo certifica la Fiscalía General de la Nación.
De ahí la importancia de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, que consiste en establecer una ruta para que a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos se les gestione más ágilmente las denuncias.
Para Victoria Eugenia Ramírez es importante adoptar la Política Pública Integral de Derechos Humanos porque permitirá hacerles seguimiento a los hechos victimizantes contra los antioqueños a través de una trabajo articulado entre los gobiernos municipales, Departamental y Nacional, y entidades como la Defensoría del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas -ONU-.
El Defensor Regional del Pueblo en Antioquia, Jaime Zapata, dijo que gracias a la Política Pública Integral de Derechos Humanos quedarán instituidos la Mesa Territorial de Garantías, el Observatorio de Derechos Humanos y un Comité Departamental de Derechos Humanos.
