El proyecto de Ley “por medio del cual se fortalece el ejercicio del Control Fiscal” fue aprobado hoy en su tercer debate, luego de que el representante a la Cámara, Óscar de Jesús Marín, rindiera Informe de Ponencia ante los miembros de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. 

Óscar de Jesús Marín,  Ponente Coordinador, explicó que el Proyecto de Ley pretende que el presupuesto de las contralorías territoriales mantenga una permanente actualización ajustada a la economía real.

El Representante Liberal dijo que la Iniciativa está encaminada al fortalecimiento presupuestal de los entes de control, para que su labor constitucional no se vea perjudicada con el desacelerado crecimiento de sus ingresos, que es desproporcional con sus gastos administrativos y de funcionamiento. 

El Congresista recordó  que con la Ley 617 de 2000 se planteó la necesidad de racionalizar los gastos de funcionamiento de las contralorías, en aspectos como limitación de los salarios de los contralores de los entes territoriales; supresión de las contralorías en los municipios de categorías 2, 3, 4, 5 y 6; supresión de las contralorías municipales, incluso en municipios de categorías superiores, cuando se demuestre la insostenibilidad económica; y ente otros, desligar los gastos de funcionamiento de las contralorías departamentales y municipales a los ingresos corrientes de libre destinación. 

Óscar de Jesús Marín insistió en que con la nueva Ley para fortalecer el ejercicio del control fiscal, se pretende contrarrestar las anteriores medidas, porque atentan contra la efectividad de los entes de control. La Iniciativa propone, principalmente, la modernización técnica para mejorar la evaluación de la gestión; la profesionalización de las contralorías y la especialización del talento humano; el desarrollo y aplicación de nuevos modelos de control; aumentar las funciones de advertencia, ahorros, recuperaciones y mejoramiento institucional de las entidades públicas; aumentar la cobertura del proceso auditor; fortalecer los mecanismos de participación ciudadana; y adaptarse al nuevo orden económico nacional de frente a la internacionalización de la economía.