Por: Gabriel Zapata Correa
Desde hace 4 años nuestro país viene presentando variaciones climáticas extremas por cuenta de los fenómenos del niño y la niña. El año pasado bastaron 3 meses para que el cambio climático pasara su cuenta de cobro sobre 28 departamentos del territorio nacional dejando un crudo balance de tres millones de damnificados, 310 muertos, un millón de hectáreas sembradas perdidas por las inundaciones, cuatro mil reses muertas. En síntesis, 10 billones de pesos en pérdidas.
La situación sufrida en Colombia, se repitió con igual o mayor intensidad en países de prácticamente todos los continentes, dejando como resultado economías resquebrajadas y frágiles para enfrentar sus propios desafíos financieros. La estrecha relación entre economía y medio Ambiente volvió a ser tema prioritario en las agendas de los gobiernos, pues las presiones del crecimiento poblacional, el incremento en los patrones de consumo global y la sobreexplotación de los recursos naturales evidenciaron que el valor financiero que está en juego por la pérdida de capital natural, es monumental. No en vano la ONU pidió invertir en la llamada Economía Verde el 2% del Producto Interno Bruto mundial anualmente, lo que equivaldría a 1300 millones de dólares al año, esto se traduciría según los expertos en más empleos en sectores como la agricultura, la construcción y el transporte.
Para el caso nuestro la tragedia invernal le planteo al gobierno de la prosperidad democrática un gran desafío que fue plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo que actualmente debate el Congreso. En esta hoja de ruta el gobierno se obligó a modificar la visión de gobierno y a considerar componentes esenciales para mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas, generar empleo, adelantar proyectos de inversión y como muestra de la lección aprendida, hacer ajustes institucionales y normativos para que las consecuencias del cambio climático y el riesgo de desastres en los próximos años se pueda prevenir o al menos reducir.
En los ejes transversales que plantea el PND, se incorpora creatividad en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos sociales entre el sector público y el privado, en el diseño y desarrollo institucional, en la adaptación al cambio climático y gestión del desarrollo sostenible.
Existe plena conciencia que se precisa de una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental sea una prioridad y una práctica como elemento esencial de bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones. Es menester avanzar hacia un estado que abogue por el desarrollo sostenible, que anteceda y prepare a la sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
Algo más de 90 días de crudo invierno, el más severo de los últimos 40 años, demandarán del estado una inversión de 26 billones de pesos que se obtendrán del ajuste del impuesto al patrimonio y de los recursos que genere la venta hasta un 10% de las acciones de Ecopetrol, tanto en la emergencia, como en las fases de rehabilitación y reconstrucción.
En el sector agropecuario uno de los más afectados con pérdidas millonarias en el sector ganadero y en productos como café, arroz, plátano, frutas, verduras entre otros, el titular de esta cartera, puso en marcha varias ayudas entre ellas nuevas líneas de crédito subsidiadas y un seguro agropecuario climático, esto significa, no sólo que se está pensando en atender la consecuencias inmediatas que deja el invierno, sino que se está pensando en la protección de los productores frente a fenómenos implacables de la naturaleza, muchas veces provocados por acciones del mismo hombre, ávido de una mayor conciencia ambiental.
