Los señores alcaldes cuando son elegidos por su pueblo, reciben un mandato legítimo, convencidos de que van a regir los destinos de su municipio en el marco de una Constitución, que en su artículo primero en forma contundente reza: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa…”
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Después de su posesión y de jurar cumplir con la Constitución y la Ley, empiezan a encontrarse con grandes sorpresas y con situaciones reales que les hacen pensar en que dicha Constitución no existe, o que cualquiera la puede desconocer y violar, menos ellos. Veamos:
- Los jueces les embargan las cuentas de los recursos de educación y salud, que son inembargables
- El Gobierno Nacional, en complicidad con la Federación de Municipios y el Congreso de la República, les recortan los recursos de agua potable y saneamiento básico, por no mencionar todos los otros de inversión
- El Gobierno Departamental les manifiesta que quienes no le ayudaron en su elección, que no sueñen con que van a tener recursos de cofinanciación
- Planeación Nacional, el Presidente, el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobernador, los someten al chantaje de que si no pignoran sus recursos a 15 años y no entregan los subsidios para los servicios públicos de los estratos bajos a una fiducia con altos costos para enriquecer a las entidades financieras, no podrán acceder absolutamente a ningún recurso de cofinanciación
- La Superintendencia de Servicios Públicos les recuerda que si no cumplen con todas sus exigencias, le entregará la administración de los servicios públicos del Municipio al Departamento o a una empresa privada
- La Contraloría y la Procuraduría les advierten que no puede arreglar las vías departamentales y nacionales, así sean utilizadas por los campesinos, so pena de incurrir en peculado por destinación diferente, ya que es función de los departamentos y la nación. Pero estos, a su vez, les advierten que no tienen dinero para arreglarlas. Los organismos de control trabajan con la máxima de que los alcaldes son responsables de todo, pero no pueden hacer nada por que los pueden destituir y mandar a la cárcel
- Abogados oportunistas, con la disculpa de la protección del interés público, les hacen pagar altas sumas por no tener coso municipal, relleno sanitario, total cobertura de agua potable y cárcel municipal, entre otras muchas cosas
- Para acabar el martirio, de vez en cuando deben asistir a consejos comunitarios durante todo un día a mendigar ayuda para sus gobernados. Pero, primero, tienen que rezar para que los dejen hablar; segundo, deben rogar para que algunas de sus peticiones sean atendidas; y en tercer lugar, deben confiar en que el Presidente no los regañe y los ponga en ridículo delante de todo el país
Estas situaciones, que son ciertas, son apenas una muestra de que cuando un colombiano se gana en las urnas una alcaldía, no obtiene realmente la posibilidad de gobernar a su pueblo, y lo que logra es empezar a recorrer un largo camino con una cruz a cuestas.
En Bogotá, los llamados técnicos o planificadores benevolentes, tienen como premisa que en las regiones y, concretamente en los municipios, todo es corrupción y, por lo tanto, las decisiones deben tomarse desde la fría capital. Por eso, si un alcalde quiere conseguir algo para empezar a cumplir con el mandato constitucional de brindar satisfacción y bienestar colectivo a sus gobernados, deben viajar una y otra vez al centro administrativo del país, para recibir los desplantes tanto de ministros como de funcionarios de bajo perfil.
Este panorama, que no es una ficción, porque de él puede dar fe la inmensa mayoría de los 1.103 alcaldes de Colombia, demuestra que las anunciadas descentralización y autonomía de las entidades territoriales de que habla la Constitución Política de Colombia, es sólo una ilusión.
