Por: Sinergia Informativa
Mínima será la oposición que tendrá el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos. Su discurso alrededor de la “Unidad Nacional” así lo pronostica, porque sólo el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde con siete congresistas y una minúscula fracción del Partido Liberal, estarán al otro lado de la coalición de Gobierno, que ahora es reforzada por un gran porcentaje de liberales que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estuvo en la otra orilla.
Algunos analistas políticos reconocen en Juan Manuel Santos un hombre conciliador. El país lo percibió en su discurso del triunfo en el que se refirió moderadamente a los partidos políticos que lo acompañaron y a los que no, al Poder Judicial y a los gobiernos vecinos que han estado en conflicto con el Gobierno de Uribe. Sin embargo, como nuevo Jefe de un Estado social de derecho y Presidente de una República democrática, participativa y pluralista, deberá garantizar el ejercicio de control político mediante un Estatuto de la Oposición.
El Presidente electo vio con buenos ojos la necesidad de brindar garantías plenas a los partidos que no participarán en su Gobierno y que, según la Constitución, podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste, y plantear y desarrollar alternativas políticas. El artículo 112 de la Carta Magna dice que tendrán acceso a la información y a la documentación oficiales y a los medios de comunicación social del Estado; derecho a la réplica en ellos frente a tergiversaciones graves y evidentes, o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales; y derecho a la participación en los organismos electorales y en las mesas directivas de los cuerpos colegiados.
La promesa que los partidos de oposición esperan que cumpla el nuevo Presidente, es que respalde una ley estatutaria que regule esta norma. De hecho, en esto parece también diferenciarse de su antecesor quien, en el alba de su era política nacional, se refirió a un sector de la oposición como “comunismo disfrazado”, y durante sus dos períodos de gobierno, no se caracterizó por el respeto pleno a la oposición.
La actitud del nuevo Presidente podría irradiar un buen ejemplo para nuestro régimen democrático, en el que la oposición no sólo es legítima sino indispensable.
La oposición del Gobierno de Antioquia, por ejemplo, se vería profundamente respaldada por el reflejo nacional, permitiéndole la canalización de sus desacuerdos por medios institucionales, legitimándoles la fiscalización para evitar la corrupción y la ineficacia, y entregándoles instrumentos para presionar al Gobierno a centrar su gestión en su Plan de Desarrollo y no en el resultado de sus pactos burocráticos.
La esperanza es que la oposición sea reglamentada y ampliamente protegida por la ley, para que se pueda ejercer cabalmente en Colombia, consciente y libremente, sin que se convierta en acción de “valientes” y en evidencia de “genuflexos”.
La reciente historia política de la Asamblea de Antioquia presenta la oposición como “enemiga” del Gobierno y del desarrollo del Departamento, porque es mostrada como ejercicio caprichoso de quienes supuestamente no gustan del gobernante, de su gabinete y de su coalición. En consecuencia, es reprimida con todo el poder que otorga la facultad de nominar el gasto y nombrar los cargos públicos.
En el otro extremo, algunos diputados se autonombran adalides de la oposición, convencidos de que deberán decir “no” a todos los proyectos y decisiones del Gobierno, pasando de la oposición al “oposicionismo”, lo cual los lleva a un comportamiento político inadecuado y peligroso para las decisiones de gobierno. La consecuencia es la permanente acción de “atravesar palos a la rueda” de la gestión departamental, impidiéndole la rápida evolución en detrimento de los intereses generales.
Pero en otra orilla están los gobiernistas, los irresponsables con sus electores y con el departamento, que olvidan el principio del interés colectivo, porque en su mente sólo está el temor de perder su pedazo de pastel burocrático. Su actitud egoísta los convierte en apéndice irracional del ejecutivo. El resultado es la evidencia de ese “político” que viene rechazando el país, que se ha convertido con un buen porcentaje de éxito en la punta de lanza de quienes enarbolan el discurso maniqueista de la decencia y la transparencia, frente al resto del país político corroído por la corrupción, el clientelismo y la politiquería, con otro buen porcentaje de razón.
La reciente proposición del diputado por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, de citar al gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Andrés Isaza, para que le resolviera a la Duma las inquietudes suscitadas por informes de prensa y anónimos sobre presuntos manejos irregulares en la entidad, ponen en evidencia la urgencia de una oposición reflexiva que no sólo sea protegida por la ley, sino respaldada por la seriedad y el compromiso de todos los diputados que deben fiscalizar y defender el patrimonio público.
La proposición fue negada por la mayoría gobiernista, mostrando la incoherencia política de los gobiernistas con el interés público, y la impotencia de la minoría en la oposición, que se siente responsable de aclarar cómo es el manejo del erario. La actitud de aquéllos nos recuerda nuevamente que la responsabilidad para con los antioqueños, debe ser de todos los diputados y no sólo de los corporados de la oposición.
El efecto negativo de esta cómoda, irresponsable e inconsecuente posición, es el enfrentamiento de la coalición de gobierno con la oposición, además, de la oscuridad a la que es sometida la población que tiene todo el derecho a saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen los gobernantes elegidos, y los funcionarios nombrados con el aval constitucional y legal de la elección popular.
Esta confrontación, que termina generando desarmonía al interior de las corporaciones y entre éstas y el ejecutivo, menoscaba el interés colectivo tanto en el nivel nacional como en los niveles departamentales y locales. El ejemplo de sólo un caso en la Duma departamental de Antioquia, se repite permanentemente en el Congreso y en los concejos municipales.
Lo cierto es que la oposición actúa movida por el prurito de la constitucionalidad del control político, pero realmente no cuenta con la herramienta legal de un estatuto que le brinde garantías y la blinde ante los ataques certeros del ejecutivo que la ve como enemiga y no como actividad política necesaria para el fortalecimiento democrático.
Si el presidente electo, Juan Manuel Santos, logra la reglamentación y la protección legal de la oposición después de todos los naufragios sufridos, la política nacional, regional y local encontrará en dicha ley estatutaria el soporte para ir consolidando cada vez más esta democracia que se precia de ser una de las más maduras, sólidas y desarrolladas del mundo moderno.
