Santiago Montoya Montoya, alcalde de Sabaneta, dice que ha participado en protestas contra la injusticia social y las inequidades que han caracterizado a Colombia. Por tanto, cree y respeta el derecho a expresarse libremente mediante la protesta, siempre y cuando sea pacífica.
Sin embargo, Santiago Montoya precisa que el País debe rechazar los actos vandálicos y los bloqueos de vías que han acompañado la protesta social que ya cumple 21 días, con todos sus efectos negativos.
“Hay actores interesados en crear la inestabilidad, el caos y la zozobra social y aprovechar el escenario para sacar réditos políticos. Aunque todavía no han empezado las campañas, desde ya se busca generar temor. Indudablemente, los efectos económicos y sociales de estas manifestaciones han sido peores que la pandemia del COVID-19. Estuvo muy bien hasta que lograron el retiro del proyecto de Reforma Tributaria: no entiendo qué más quieren. Los actos de vandalismo y los bloqueos son inexplicables e injustificados”, manifestó es Sinergia Informativa.
El Alcalde de Sabaneta lamenta cómo los actos vandálicos y los bloqueos han atentado contra la integridad física y la vida de los colombianos, contra los bienes públicos y privados y contra la seguridad alimentaria de los colombianos, generando escasez y disparando el costo de la canasta familiar muchísimo más que cualquier reforma tributaria.
“Es un despropósito que un kilo de papa valga hoy 5.700 pesos”, dice.
En consecuencia, el Alcalde de Sabaneta está de acuerdo con el Presidente, quien anunció empezar a trabajar con los gobernadores y alcaldes en su función de orden público para avanzar en el desbloqueo y permitir la normalidad y la tranquilidad de los ciudadanos.
No obstante, piensa que el presidente Duque no debió haber permitido en ningún momento que se bloquearan las vías.
“Se demoró mucho en tomar la decisión de impedir los bloqueos: han tenido mucho tiempo para causar demasiados estragos”, expresó Montoya Montoya.
El Alcalde de Sabaneta está convencido del derecho a la protesta, siempre y cuando no colisione con otros derechos humanos como a la vida; a la alimentación; a la salud; a la movilidad; al desarrollo económico, social y cultural; y al trabajo… Está seguro de que el interés general debe ser protegido.
Finalmente, le llama la atención que el Presidente les vaya a entregar ahora la responsabilidad a los gobernadores y alcaldes. Pero –aunque tarde, según dice- hay que recurrir a la autoridad haciendo uso de la fuerza pública con proporcionalidad, sin atentar contra la integridad de la gente.
