Edwin Alejandro Franco

Mucho tenemos que aprenderle en materia de justicia contra corruptos gobernantes a países como Guatemala, Ecuador, Bolivia o Perú. Con todo, en esta materia y en otras, me quedo con estos países de “indios”.

Pobre administración de justicia, cada vez más la ponen en aprietos, a los ya conocidos problemas que la aquejan: algunos magistrados de varias cortes politiqueros, clientelistas y corruptos; otros que por presidir alguna se abroga posiciones y posturas eminentemente personales queriendo comprometer la corporación y por fortuna desautorizado por sus pares; reticencias cuando, de verdad y en serio, se crea un tribunal para juzgarlos porque gozan de total impunidad; que hacen política y oposición con sus cargos; algunos jueces y fiscales corruptos; decisiones judiciales que no se avienen con estricto apego a le ley; procesos interminables, y en general, con muchos de los vicios de los políticos colombianos, se le suma otro (y quién sabe con el tiempo cuántos más): que Santos, como lo pudimos ver el jueves en los noticieros (yo en CM&), para combatir los altos y al parecer imparables índices de hurto de celulares (y algunos alcaldes de varias ciudades jactándose que la delincuencia ha rebajado), dijo (u ordeno?) que a los autores de este delito los van a investigar por concierto para delinquir y lavado de activos.

El mismo día en que Cuba abría su embajada, los cancilleres de ambos países, Bruno Rodríguez Parrilla, del país centroamericano y John Kerry del país norteamericano, generaban expectativas con lo que habían anunciado sus presidentes, pero al mismo tiempo dejaban claro que el pleno restablecimiento de las relaciones no sería fácil ni rápido: “Hoy hemos empezado a reparar todo lo que estaba dañado y a abrir lo que durante tiempo estaba cerrado”, y acto seguido: “No significa el fin de las diferencias que aún separan a los dos gobiernos”, dijo el Secretario de Estado; al paso que el canciller cubano afirmó: “Persisten profundas diferencias entre Cuba y Estados Unidos sobre el ejercicio de los derecho humanos y en aspectos relativos a la aplicación de la ley internacional”.

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, ha dicho que en la ciudad alrededor del 10 % de la población no cuenta con servicios públicos de acueducto y alcantarillado, es decir, más de doscientas mil personas no cuentan con servicios básicos como estos, que deben ser vitales e infaltables en la vida de cualquier ser humano. He sostenido hace muchos años que es inconcebible que un ser humano, por humilde que sea, no pueda comerse dos o tres platos de comida al día, tener un lugar decente donde dormir, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas.

Un funcionario de la fiscalía, el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Julián Quintana, ofreció, un espectáculo, aquí sí como se dice, con todas las de la ley: el 26 de mayo de este año, obviamente en una rueda de prensa, calificó a Luis Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, de ser el autor intelectual de las interceptaciones de los negociadores de las Farc que hacen parte del proceso de paz en La Habana (Cuba), número este que causó sentimientos de distinta índole: de alegría, de tristeza, de asombro, de curiosidad, declaraciones que tuvo que rectificar, porque así se lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá, como consecuencia de una acción de tutela que la defensa del ex asesor interpuso por una presunta vulneración a la presunción de inocencia y al debido proceso, que a la postre no fue presunta sino real. No se debieron dar esas declaraciones y menos por este funcionario.