Edwin Alejandro Franco

El artículo 113 de la Constitución Política dice que son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial; el 116, que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama jurisdiccional; y el 228, que sus decisiones son independientes. Por ello es que uno se extraña y se asusta, ahora que se habla de quién reemplazará al criticado Montealegre

Dos de esas renuncias era lo menos que se esperaba de quienes las realizaron, eso sí, las ofrecieron luego de que el mundo se les vino encima. Me refiero a Vicky Dávila y a Jorge Armando Otálora. En el caso de la primera, no me cabe duda que la en buena hora puntual y necesaria crítica del Presidente de la República, fue lo que desencadenó su renuncia. Otálora, con el presunto acoso sexual de por medio, no podía hacer otra cosa.

Para los entendidos en el tema es claro que el poder que tiene un presidente en un régimen presidencialista es distinto al que tiene un primer ministro en uno de corte parlamentario, como que el primero tiene una fuerte preeminencia e influencia sobre las demás ramas del poder público, al paso que no sucede lo mismo con el segundo, en cuyos países donde rige si existe, por norma general, una verdadera división de poderes; otro aspecto que marca la diferencia es el tiempo que dura en el poder el gobernante en uno u otro régimen: en el presidencialista, toca aguantar hasta que el período constitucional se le venza al gobernante; en el parlamentario, al primer y craso error del primer ministro, se le invita a la renuncia (lo que ocurre, si es que no lo hace por iniciativa propia) sin tener que esperar ningún límite de tiempo.

El bienestar o las necesidades que padezca un pueblo en muchas ocasiones dependen de la voluntad de una persona o de varias en otros casos. Naciones y sociedades prósperas hay y lo son porque en determinados momentos históricos quienes han estado al frente de regir sus destinos han entendido que adoptar políticas que tiendan por la satisfacción de las necesidades de la gran mayoría es la mejor determinación que se puede tomar para el momento que viven y para las generaciones venideras.

Finalmente el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, perdió la batalla legal mediante la cual pretendía quedarse en los Estados Unidos, bajo la premisa que es un perseguido político en Colombia y que fue justamente por esa razón por la que lo condenó la Corte Suprema de Justicia a la pena de 17 años de prisión. 

Estamos en mora que se cree en Colombia un tribunal de aforados, que esté lejos del alcance de los políticos, integrado por los más aptos y competentes, que tenga total independencia, para que le ponga coto a este tipo de desmanes que tanto daño hacen en una democracia. Mal mensaje recibe la sociedad cuando ve que suceden este tipo de cosas y se queden impunes.

Expertos opinan que lo que realmente hay detrás son dos cosas: colocar una cortina de humo en un momento en que el presidente tiene una imagen favorable del 24% y una desfavorable del 72% (por muy premio nobel que sea), no solo debido a su mala gestión, sino al escándalo de corrupción de Odebrecht que ya le tocó la puerta, sino de aprovechar la vía rápida para tramitar proyectos en el congreso, mecanismo conocido como fast track, necesario en coyunturas como la de Colombia, pues que para implementar un proceso de paz debe existir un mecanismo expedito para expedir leyes en el parlamento, y por esta vía evitar los necesarios consensos y discusiones en unos temas de tanta trascendencia e importancia.

Cualquier persona que haya visto regularmente noticieros de televisión, leído periódicos o escuchado hablar a alguien con alguna información sobre el proceso de paz antes del plebiscito del 2 de octubre, debe haberse percatado de las mentiras que decían sin ruborizarse los partidarios del Sí como los del No. El resultado tomó por sorpresa a los del Sí, porque estaban seguros que ganarían; pero también a los del No, que no pensaban que el pueblo se inclinaría por la opción que promocionaron, a excepción de Francisco Santos, que siempre se le oyó decir que el No ganaría.

Cuando apareció la noticia según la cual el ex ministro de la Protección Social del gobierno de Uribe, Diego Palacio Betancourt, habría pedido someterse al Tribunal Especial para la Paz, el que se creó para juzgar guerrilleros, militares y civiles que hayan hecho parte del conflicto armado colombiano, y cuya tesis central sería la de que como el gobierno de Uribe fue el creador de la Seguridad Democrática, lo sucedido con su reelección incidió directamente en el conflicto armado interno, aparecieron de inmediato defensores a ultranza del mal llamado proceso de paz a rasgarse las vestiduras, por cuanto, decían, la situación del ex ministro, que fue condenado por Cohecho por dar u ofrecer, caso más conocido como la Yidispolítica, en manera alguna podía catalogarse como una de aquellas que hubiera sido cometida con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.

Según el pasaje bíblico Cristo les dice a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra, y si ustedes se corrompen, ¿cómo evitar que se corrompa el pueblo cristiano?”. Un país como Colombia en el que suceden tantas cosas escabrosas a diario, no extraña que personas inescrupulosas, que las hay en todos los ámbitos, realicen toda clase de desmanes; pero tratándose de otras, precisamente por el oficio que desempeñan, si extraña que se pongan al servicio, o peor todavía, sobrepasen a delincuentes de la peor calaña y escudados en lo que hacen, se pongan a delinquir, y que quede claro que no me estoy refiriendo a ese aspecto de la débil condición humana que nos lleva a cometer errores. No, aquí de lo que se trata es de la meditada decisión de infringir la ley.