Edwin Alejandro Franco

Naturalmente que la muerte violenta de un ser humano debe ser un acto reprochable desde todo punto de vista, y en lo que atañe a la investigación y determinación de los presuntos autores, es una ineludible obligación del Estado, que lastimosamente no se cumple a cabalidad por los altos índices de impunidad que imperan en este país debido a varias circunstancias, que por lo corto del espacio no voy a mencionar.

Decía y con mucha razón un profesor que tuve en la Universidad Externado, que en Colombia un político se volvía muy fácilmente jurista, no lograba, por ejemplo, ganar una curul para el congreso de la república y le picaba el bicho de ser magistrado de una corte y comenzaba el lobby donde fuera a hacerse la elección para conseguir ser el elegido.

Expertos opinan que lo que realmente hay detrás son dos cosas: colocar una cortina de humo en un momento en que el presidente tiene una imagen favorable del 24% y una desfavorable del 72% (por muy premio nobel que sea), no solo debido a su mala gestión, sino al escándalo de corrupción de Odebrecht que ya le tocó la puerta, sino de aprovechar la vía rápida para tramitar proyectos en el congreso, mecanismo conocido como fast track, necesario en coyunturas como la de Colombia, pues que para implementar un proceso de paz debe existir un mecanismo expedito para expedir leyes en el parlamento, y por esta vía evitar los necesarios consensos y discusiones en unos temas de tanta trascendencia e importancia.

Con relación a Hugo Chávez, el sólo hecho de intentar derrocar por medio de un golpe de estado a un presidente democráticamente elegido, debió haber sido suficiente alerta para no haber tenido el respaldo del pueblo, pese a lo cual convenció o al pueblo se le olvidó y ahí tienen al vecino petrolero sumido en lo peor y no se ve me mejoría en el cercano futuro

Para los entendidos en el tema es claro que el poder que tiene un presidente en un régimen presidencialista es distinto al que tiene un primer ministro en uno de corte parlamentario, como que el primero tiene una fuerte preeminencia e influencia sobre las demás ramas del poder público, al paso que no sucede lo mismo con el segundo, en cuyos países donde rige si existe, por norma general, una verdadera división de poderes; otro aspecto que marca la diferencia es el tiempo que dura en el poder el gobernante en uno u otro régimen: en el presidencialista, toca aguantar hasta que el período constitucional se le venza al gobernante; en el parlamentario, al primer y craso error del primer ministro, se le invita a la renuncia (lo que ocurre, si es que no lo hace por iniciativa propia) sin tener que esperar ningún límite de tiempo.

Dice el procurador general que aunque es difícil calcular a cuánto asciende el monto de recursos apropiados por los corruptos, hay datos que indican que está entre 20 y 40 billones de pesos, cifra descomunal que si fuera a parar a dónde tiene que ir este país no sería hace rato del tercer mundo, seguro que tampoco del primero, pero si estaríamos entre ambos extremos y en todo caso mucho mejor de lo que ahora se está.

Con ocasión de la reciente muerte violenta de la niña indígena Yuliana Samboní, al parecer a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera (Rafico, como le dice su familia), crímen que merece cualquier calificativo por lo despreciable y abominable, como que se ejecutó en una niña menor de edad y totalmente indefensa, y que de ser hallado culpable merece el condigno reproche penal, se ha vuelto a abrir el debate (cada que hay un episodio semejante se abre) de que en Colombia se modifique la Constitución y se implante la cadena perpetua.

Cualquier persona que haya visto regularmente noticieros de televisión, leído periódicos o escuchado hablar a alguien con alguna información sobre el proceso de paz antes del plebiscito del 2 de octubre, debe haberse percatado de las mentiras que decían sin ruborizarse los partidarios del Sí como los del No. El resultado tomó por sorpresa a los del Sí, porque estaban seguros que ganarían; pero también a los del No, que no pensaban que el pueblo se inclinaría por la opción que promocionaron, a excepción de Francisco Santos, que siempre se le oyó decir que el No ganaría.

Pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2014, donde fue reelegido el actual presidente, estalló un escándalo en el que se afirmó que la campaña del candidato Oscar Iván Zuluaga, por intermedio del hacker Andrés Sepúlveda y de otros colegas suyos, había infiltrado los correos de los miembros del equipo negociador del proceso de paz con la guerrilla y por tanto el proceso mismo y fue así como se dió a conocer un video en el que supuestamente aparecía el candidato del Centro Democrático con uno de los hackers al servicio de la campaña de éste, en conclusión, la prueba reina de las acusaciones y lo peor, que el candidato estaba al tanto de las infiltraciones. Esta fue la versión inicial defendida por la fiscalía en cabeza del entonces director del C. T. I., Julián Quintana.

Fue tan desastrosa, clientelista, ineficiente y según algunos corrupta la fiscalía bajo la administración de Eduardo Montealegre, que no veíamos la hora que su período terminara, con tan mala suerte que su alter ego, Jorge Perdomo, pudo estar como fiscal encargado durante seis meses, tiempo durante el cual continuó con las prácticas de su mentor, que le le sirvió para aceitar con puestos y contratos a quienes habrían de ternarlo para aspirar a la Procuraduría General de la Nación: