Jorge Gómez Gallego

La película alemana dirigida por el italiano Giulio Ricciarelli, “La conspiración del silencio” vista en las salas de cine colombianas hace dos años, define la áspera sensación que me produjo el manejo dado por la mayoría de los grandes medios de comunicación -y de muchos periodistas que parecen fletados-, al extraordinario debate adelantado el pasado 17 de octubre por los candidatos presidenciales de Alianza Verde y del POLO, Senadores Claudia López y Jorge Enrique Robledo.

Se ha suscitado un debate público a raíz de la filtración de una comunicación interna dirigida por el Secretario General del POLO a las Coordinadora Departamentales, en la que se informa acerca de la decisión de ayudar a recoger firmas para que el partido político Compromiso Ciudadano que está formando Sergio Fajardo obtenga su personería jurídica.

A raíz del actual paro minero en Segovia y Remedios, municipios del nordeste antioqueño, he desempolvado dos artículos que escribí en 2010 denunciando el pésimo negocio que hizo en su momento el gobierno nacional, al vender a precio de gallina vieja el título minero RPP 140 que actualmente abarca 2.876 hectáreas en esos municipios a la compañía minera junior Medoro Resources. Los he fusionado y actualizado por considerar que son del mayor interés en el momento.

El pasado 8 de marzo, justo cuando se celebraban innumerables eventos conmemorativos del día internacional de los derechos de la mujer, el Diputado Carlos Ríos, del Partido Conservador y del equipo santista de la Senadora Olga Suárez Mira, presentó una proposición para otorgar la Orden de la Antioqueñidad al ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

Dos de los principales ejes del Plan de Desarrollo “Pensando en Grande” son la creación de la Empresa de Desarrollo Agropecuario y la recuperación del Ferrocarril de Antioquia. Con respecto a la Empresa de Desarrollo Agropecuario, denominada “Antioquia Siembra”, hoy han descubierto lo que este Diputado del Polo señalara en su momento: que la empresa es inviable.

Una vez posesionado desató un agitado debate en torno al contrato celebrado por la administración anterior para la construcción del túnel del Toyo en la vía a Urabá. Vale la pena recordar que este contrato fue diseñado bajo la figura de obra pública, con recursos del Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín y la Nación.

El gobierno Santos, por razones que también podrían generar controversia, ante la evidencia de que si bien, quienes se habían levantado en armas para tomar el poder en los años 60 no lo lograron, el Estado, a pesar de todos los golpes que les había inferido en los últimos años, tampoco los había podido someter, decidió iniciar un proceso de conversaciones que condujeran a la solución negociada de ese conflicto.

Ya en la primera parte de esta serie, habíamos descrito el fabuloso negocio de la Concesión Pacífico 1, peajes costosos, 50 kilómetros para explotar de los cuales solo construirán 30, valor por kilómetro 6 veces más caro que en Europa o EEUU y en fin, gabelas sin límite, (Pacífico 1: primera parte).

Una gran “caja de Pandora” se abrió en la Audiencia Pública Ambiental celebrada el 27 de febrero pasado en el municipio de Amagá, convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para cumplir uno de los requisitos de ley direccionados a otorgar la licencia ambiental al Concesionario de una de las autopistas de las 4G, denominadas “autopistas para la prosperidad”, concretamente para Pacífico 1, que cubre el trayecto entre Bolombolo, corregimiento del Municipio de Venecia a orillas del Río Cauca y Ancón Sur en el Valle de Aburrá.

La señora Kertzman se opuso a la venta por los antecedentes de corrupción de Brookfield, el fondo de inversión que terminó quedándose con ISAGEN, por lo menos por ahora, y porque los recursos obtenidos en la venta irán a parar a las arcas de poderosos señores del capital financiero como Luis Carlos Sarmiento Angulo.