Margarita Restrepo

Quedé sorprendida cuando conocí un proyecto de ley en cuyo encabezado se lee que tiene el objeto de “regular el derecho fundamental a morir con dignidad, a través de la eutanasia…”. Pero mi sorpresa se transformó en indignación cuando fui enterada de que el proyecto fue diseñado y presentado por el ministerio de Salud, entidad que está en cabeza de Fernando Ruiz.

Hace unos días, el portal Los Irreverentes publicó un artículo que al leerlo produce angustia e indignación. De acuerdo con la nota en mención, el jefe guerrillero del Eln, Felipe Torres, elaboró un documento en el que pone de manifiesto una suerte de pacto criminal celebrado entre la Farc y el Eln en virtud del cual los primeros harán política legal mientras que los segundos, desde la clandestinidad los apoyarán a través de acciones terroristas, poniendo en marcha una nueva expresión de la nefasta tesis de la “combinación de todas las formas de lucha”.

La crisis que hemos observado en algunas entidades e instituciones se origina por malas prácticas administrativas. Por eso, creemos que es deber del legislador implementar un programa de buenas prácticas que, además, vaya acompañado de una matriz de medición que incluya el mayor número de indicadores.

Los colombianos aún no salimos del asombro y de la indignación que nos produjeron las imágenes de los niños de Aguachica, en el Cesar, haciendo fila para posar con un plato de comida y cuyas fotografías pretendían ser utilizadas por unos inescrupulosos contratistas que buscaban mimetizar el robo del dinero destinado a la alimentación de los menores.

Una de las grandes conquistas de la democracia liberal es, precisamente, la de garantizar que los ciudadanos puedan protestar de manera pacífica, con el propósito de expresar su descontento, o su posición frente a determinados asuntos de la vida en sociedad.

Enrique Low Murtra es uno de los próceres de la nación. Víctima de la violencia narcoterrorista, marcó nuestra historia jurídica con letras diamantinas. Repetía constantemente que “puede que mi voz tiemble, pero nunca verán temblar mi moral”. Hombre culto, estudioso del derecho, ciudadano ejemplar, envidiablemente sencillo, fue acribillado cuando terminaba de dictar clases –su pasión- y se disponía a abordar un taxi que lo condujera a su casa.

Desde que salió de la gobernación de Antioquia, sectores cercanos a la guerrilla y a la ilegalidad no han cesado en su empeño de acabar con la carrera política de Álvaro Uribe Vélez. Se cuentan por decenas los atentados terroristas con los que se ha buscado acabar con su vida.  Pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2002, una poderosa bomba destrozó el vehículo en el que viajaba en Barranquilla. Milagrosamente, salió ileso de ese atentado en el que 3 personas que caminaban por la calle perdieron la vida

Vimos esta semana en Cartagena un espectáculo indignante. Si se hubiera firmado la paz, con justicia, con reparación a las víctimas, seríamos los primeros en aplaudirlo. Pero nada de eso fue lo que se suscribieron Santos y Timochenko en la ciudad heroica.

La vida en democracia obliga a acatar el veredicto del pueblo. La mayoría ciudadana en su momento consideró que la persona indicada para llevar las riendas de Medellín era el señor Daniel Quintero Calle. Desde el Centro Democrático, respetamos el resultado no sin antes advertir los riesgos a los que se enfrentaba nuestra ciudad.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López no es culpable de la pandemia, pero sí es la responsable del manejo que se le dé a la misma y, con toda claridad, su gestión ha sido deficiente, desde donde se le quiera mirar.