Rubén Darío Barrientos

No ha resultado tan angelical José Roberto Prieto Uribe, simplemente mencionado periodísticamente como Roberto Prieto. Es que el actual chivo expiatorio del tema Odebrecht (pues a pesar de que “todo se supo” por el presidente Santos y su comité financiero, éstos se hacen los de “la vista gorda” y los de “la oreja mocha”), hijo del destacado hombre público Luis Prieto Ocampo y natural de Manizales, tiene mucho prontuario a cuestas. Como diría una señora del pueblo, ese señor es toda una astilla.

Está calientica la elección de los nueve magistrados que integrarán la máxima autoridad electoral del país: El Consejo Nacional Electoral [CNE]. Si somos estrictos y críticos, tenemos que decir que es una vergüenza que la elección de magistrados tenga jaez “eminentemente político”. No podemos perder de vista que estamos hablando de magistrados, no de niveles distintos de importancia mediana o baja.

Por pedido de la Fiscalía General de la Nación, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que abrirá investigación preliminar contra el senador Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como Ñoño Elías, por una presunta participación suya en líos de corrupción con la firma brasilera Odebrecht. Que el nombre de Ñoño Elías aparezca una vez más en escándalos no es extraño, pues este personajillo adscrito al santista Partido de la U, ha estado involucrado en los ruines carteles del síndrome de Down y de la Hemofilia, en Córdoba, amén del carrusel de la contratación en Bogotá.

La Superintendencia de Sociedades le declaró la muerte comercial a David Wigoda. Le espetó calificativos de defraudador, irresponsable y tumbador. Luego se supo que estaba en Israel, donde se reunió con su esposa e hijos. Antes, la pareja había tramitado la separación de bienes en Bogotá, donde Wigoda de forma sospechosa le entregó casi todo su patrimonio a su cónyuge. Los 1.500 tumbados, aproximadamente, conocieron que nunca Wigoda regresaría al país y les retumbaba la frase del ingeniero de origen judío, de que Factor Group era un negocio altamente lucrativo.

El presidente Santos dijo que con la paz se iban a desmovilizar 17.500 miembros de las Farc, entre hombres armados y milicianos. Ese dato es un falso positivo y un engaña-bobos. Estudios serios, como el que hizo la Universidad Javeriana, indican que no hay más allá de 6.700 hombres armados en las toldas de las Farc (en 90 frentes y columnas móviles en 24 departamentos) y otros datos de entidades dignas de entero crédito, calculan que los milicianos actuales no ascienden a 5.000. Total que la sumatoria de unos y otros no llega en su potencial ni siquiera a 12.000 hombres. Pero Santos, con su falacia, vende la acción como ciclópea, abultando su real número.

En Colombia, desde 1930 se viene en esta embestida de restringir derechos, pues el presidente Enrique Olaya Herrera prohibió el voto a los militares activos, motejándolos de apolíticos. Pero fue realmente en 1945, cuando merced a un acto legislativo, se prohibió desde el prisma de la constitución política el voto a los militares. Y se dijo tajantemente que las fuerzas armadas no son deliberantes.

Pasmosamente, el Consejo de Estado, Sala Segunda, apenas acaba de declarar nulo el decreto por medio del cual el ejecutivo fijó el salario mínimo para el año 2016 (del 7%). En pleno marzo de 2017, se pronuncia de manera trasnochada sobre los efectos de las impugnaciones frente al aumento del salario mínimo del 2016.

Gustavo Petro, el mismo que se compara con Jorge Eliécer Gaitán y quien asegura que no es castrochavista, sí es un populista que se mueve en esos lineamientos. Y hoy es una real amenaza de llegar a una segunda vuelta presidencial en Colombia. A la vieja usanza, acaba de llenar la plaza de Nariño, rodeado especialmente de líderes sociales e indígenas de la región, a los que les habló de “hacer resistencia a la desigualdad social y construir una historia de manufactura del trabajo productivo”. Con 57 años y nativo de Ciénaga de Oro - Córdoba, Petro ganó la última encuesta de Invamer, con 23,5%, y vive una coyuntura nunca antes vista de un país hundido en la corrupción, para venderse como un líder persuasivo que pugna contra ese mal endémico.

En manos de tres magistrados del desprestigiado CNE, Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Méndez, está el encargo jurídico de que se indaguen –por fin– posibles movimientos irregulares de dinero para la segunda vuelta de 2014 en la campaña presidencial reeleccionista de Juan Manuel Santos.

Se sabe que ocho de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, decidirán el futuro de la aspersión con glifosato.