Rubén Darío Barrientos

La bancada de oposición al gobierno, radicó esta semana un proyecto de reforma política que consta de doce artículos. Inmersa en ella, hay dos asuntos llamativos: a) La implementación del voto obligatorio y b) La reducción de la edad para ejercer ese derecho desde los diecisiete años, para 2022, y desde los dieciséis, para 2026.

Está calientica la elección de los nueve magistrados que integrarán la máxima autoridad electoral del país: El Consejo Nacional Electoral [CNE]. Si somos estrictos y críticos, tenemos que decir que es una vergüenza que la elección de magistrados tenga jaez “eminentemente político”. No podemos perder de vista que estamos hablando de magistrados, no de niveles distintos de importancia mediana o baja.

Estamos noticiados de que el pasado 24 de julio, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez fue citado a indagatoria por la H. Corte Suprema de Justicia, por los presuntos punibles de manipulación y presión de testigos, y fraude procesal. En pleno territorio de Rionegro, el abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, les indicó a los periodistas que ya había preparado una solicitud de recusación en contra de los magistrados de la Sala de Instrucción # 2 de Casación Penal

Nos vamos a enloquecer los asesores laborales, frente a las terminaciones de contratos de trabajo o no renovaciones de contratos a término fijo, de mujeres que estaban en verdad embarazadas al momento de la decisión, pero que no advirtieron su estado de gestación al empleador ni se dio el hecho notorio de su visibilidad. Todos sabemos que es la Corte Constitucional la que más ha metido baza a este tema, por encima de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Mejor dicho: los fallos de la Corte Suprema han quedado relegados frente a las revisiones de tutelas de la Corte Constitucional, lo que es bastante cuestionable.

Su “prontuario” es escabroso, habida cuenta de que tiene especialización en retractaciones. Es medalla de oro o campeona nacional en este deporte. Su historial es indecoroso y sus contradictores hablan de que padece severa incontinencia verbal. Regaña, es provocadora, habla gritado, vitupera, es lenguaraz, es deslenguada y pierde muchas batallas jurídicas. Sin embargo, tiene bien amarrados los pantalones, cuando se trata de ser implacable y de encarar debates de largo tranco, a los que aborda con fruición.

Ya sabemos que Amalia y Reinil, tienen afán de nombradía, quieren salir del anonimato y anhelan ser celebérrimos en este país. Amalia Sierra Núñez y Reinil González Burgos, son dos desocupados colombianos que acaban de demandar la elección de Iván Duque Márquez y Marta Lucía Ramírez Blanco, como presidente y vicepresidenta electos, ante el Consejo de Estado. ¿Su argumento? Que existió una presunta irregularidad en la fase de inscripciones de las fórmulas, pues no se permitió la inscripción del comité promotor del partido Integración Nacionalista Radical Internacional y que, por esa razón, consideran que se les vulneraron sus derechos particulares.

Finalmente, Mockus se salvó y no hubo tal anulación de la elección. Con seis votos en contra, incluido el de la presidenta del Consejo Electoral Colombiano, Yolima Carrillo y solo dos a favor, fue derrotada la ponencia del magistrado Luis Bernardo Franco, quien solicitaba en un pliego de 70 páginas no declarar apta su elección por una supuesta inhabilidad.

Un trino del buen periodista Juan Carlos Iragorri (del 11 de junio), reza: “Y dele que dele, todos diciendo por quién van a votar. ¿Por qué no votan y ya? ¿Sin darnos la lata, sin hablar pendejadas? ¿Por qué mejor no se ponen a leer? ¡Toda la razón Iragorri! En este país, donde todos resultaron politólogos –aunque primero decían que gas la política–, estamos viendo que muchos columnistas pulverizando lo secreto del voto, divulgan por quién será el suyo, pero acompañan sus artículos de un lenguaje grotesco y rastrero y de una extralimitada inquina para escribir.

No se ha precisado realmente el valor integral de las elecciones en Colombia, para este 2018, aunque ya hay cifras que se divulgaron y que apuntan a que podría estar su monto entre $ 1,2 billones y $ 1.7 billones [...] Sea cual fuere el quantum final, hablar de cifras muy superiores al billón de pesos, ya prenden las alarmas y hacen reflexionar sobre la justificación o no de sus galopantes costos.

Cuando la Misión de Observación Electoral, MOE, informa en enero de este 2018 que hay 82 municipios colombianos que tienen más votantes que habitantes, se prenden las alarmas. Antioquia y Boyacá, van a la delantera con 13 municipios cada uno en la tristemente célebre lista. Las diferencias son abismales, pues marcan entre el 25 y 35% de desfase porcentual entre el censo electoral y el poblacional. Es una evidencia de trashumancia de la más nefasta condición. Por ejemplo, en Charalá, se registraron 4 veces más cédulas que la tasa nacional.