Rubén Darío Barrientos

La Fundación Paz y Reconciliación, acaba de entregar un informe según el cual “varios de los aspirantes al Senado y Cámara de Representantes tienen nexos familiares o son herederos de dirigentes que no sólo han sido cuestionados sino hasta condenados por delitos relacionados con la parapolítica, los sobornos de Odebrecht y el cartel de la toga”.

Si hay algo tedioso en diciembre, son las discusiones sobre el salario mínimo. Todos los años la misma jartera: unos argumentan y otros contra-argumentan; unos piden y otros niegan; unos se anchan y otros se encogen. Esta vez la brecha entre las propuestas de los sindicatos y los empresarios es de al menos 6 puntos porcentuales, desde luego un tanto inferior a otras que ha habido.

Hace año y medio, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le impuso una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a un ciudadano que presentó en cuatro oportunidades una acción de tutela igual, en el propósito de que se revisara una pretensa vulneración de sus derechos fundamentales.

Las cosas de la vida: antes había árboles y pusieron pirámides; ahora derruiremos pirámides y volveremos a tener árboles. [...] Retornar a lo lógico, costará la friolera de $ 8.000 millones. La pesadilla pasará, pero queda la huella del despilfarro de Fajardo, el mismo que nos debe explicaciones serias a todos nosotros sobre la construcción de bibliotecas a las volandas.

Se ha filtrado que Jesús Guerrero, el fundador de Servientrega, será candidato presidencial en 2018. Su frase de combate, es pintoresca: “Con Chucho no hay serrucho”. Y como la epidemia es la recolección de firmas, Guerrero será el candidato número 32 en hacerlo (aspira conseguir 382.000).

Sorprende que un radical, como Jorge Robledo, agache la cabeza y se transe políticamente por juntarse con dos personajes que no son de sus entrañas ideológicas. En este oportunismo político, Fajardo se quiere desmarcar como candidato de izquierda (algunos lo han enjaulado allí por esta coalición) y los Verdes y el Polo, se quieren zafar de ser motejados como aspirantes de las Farc.

“Gracias, camarada”, le dijo el expresidente Ernesto Samper Pizano a Timochenko –sin sonrojarse– en el marco del reciente Congreso Nacional de las Farc-EP, dentro de los actos de transformación de esa guerrilla en partido político legal. ¿Qué hacía allí Samper en la mesa principal? ¿Por qué intervino? ¿Qué buscaba? ¿Se mostraba en público como uno de sus ideólogos?

Un temible jefe de sicarios que no tenía vinculación alguna con las Farc, acaba de ser expulsado por la oficina del Alto Comisionado, de la lista de beneficiarios por el programa Gestores de Paz. Se trata de Alexander Romero, quien no tenía nexos con las Farc y que había recibido excarcelación hace un mes, no obstante ser condenado a 14 años de prisión.

La noticia zumba en los oídos: “La Fiscalía capturó a seis periodistas de Pereira, acusados de acceder a contratos con la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Enrique Vásquez (2012-‘2105) sin cumplir los requisitos legales y por un valor de $ 520 millones” (El Colombiano, 24 de agosto de 2017). Muchísimos contratos con entidades del sector público, se han vuelto “la paga” a los favores recibidos y a la reciprocidad, es decir, vienen en papel regalo y con moño de corrupción.

En Colombia, desde 1930 se viene en esta embestida de restringir derechos, pues el presidente Enrique Olaya Herrera prohibió el voto a los militares activos, motejándolos de apolíticos. Pero fue realmente en 1945, cuando merced a un acto legislativo, se prohibió desde el prisma de la constitución política el voto a los militares. Y se dijo tajantemente que las fuerzas armadas no son deliberantes.