Rubén Darío Barrientos

Por pedido de la Fiscalía General de la Nación, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que abrirá investigación preliminar contra el senador Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como Ñoño Elías, por una presunta participación suya en líos de corrupción con la firma brasilera Odebrecht. Que el nombre de Ñoño Elías aparezca una vez más en escándalos no es extraño, pues este personajillo adscrito al santista Partido de la U, ha estado involucrado en los ruines carteles del síndrome de Down y de la Hemofilia, en Córdoba, amén del carrusel de la contratación en Bogotá.

Corría el 14 de octubre de 2014, cuando la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate de la reforma del equilibrio de poderes, la eliminación en la agenda del voto obligatorio. La votación final, fue de 45 votos a favor de eliminarlo y de 29 en contra de suprimirlo. Tiempo atrás, el 9 de julio de 2008, se contempló de manera fallida incluir el voto obligatorio en la reforma política. Hace una semana, fue presentada al Congreso de la República una nueva reforma política –denominada “para el posconflicto” –, que incluía por enésima vez el voto obligatorio, aunque vía fast track, como entre siete puntos más.

Poco antes de que prendiera el ventilador el exsenador Otto Bula y manifestara en la fiscalía, que de los USD$4,6 millones que recibió de Oderbrecht giró USD$1 millón a la campaña reeleccionista “Santos, presidente”, y se armara el tierrero del día en Colombia, Datexco dio a conocer su encuesta bimestral Pulso País que incluía la de las candidaturas presidenciales de cara al 2018. Inexplicablemente en esta última, sale avante Gustavo Petro -¿No dizque era un muerto político?-, con un 12,9% y en ese listado y sonajero por ahora de eventuales personajes con aspiraciones al primer cargo del país, aparece distante en el séptimo renglón, Humberto de la Calle con un mísero 4,8%. Está superado, de abajo hacia arriba, por Juan Manuel Galán (5,5%), Claudia López (6,6%), Óscar Iván Zuluaga (7,8%), Germán Vargas Lleras (9,8%), Sergio Fajardo (12,3%) y por el antedicho Petro (12,9%).

La magistrada María Victoria Calle, actual presidenta de la Corte Constitucional, fue la ponente favorable del plebiscito del pasado 2 de octubre. Su esposo, el consejero de estado Gustavo Gómez Aranguren, está próximo a completar su periodo en ese alto tribunal de lo contencioso administrativo. El presidente Juan Manuel Santos acaba de nombrar a Gómez Aranguren, como embajador de Colombia en Suiza. No suena bien esto, porque se exhibe como un estipendio por los favores recibidos. Aunque se beneficia Gómez, a la magistrada Calle -su cónyuge-, se le hace una magna cortesía presidencial.

“No debería extrañarnos si el violador de la niña Samboní sale en libertad o le dan casa por cárcel, porque no fue capturado en flagrancia”. Esto que parece un chiste flojo, tiene trasfondo porque muestra la insensatez de muchas decisiones, entre las cuales analizaremos más adelante una: la que ocurrió precisamente en el norte de Medellín.

Las intentonas de revocatorias de los mandatos de alcaldes y gobernadores en Colombia, han sido todo un fiasco versus los resultados que han vinculado a 165 procesos contra alcaldes y uno solo contra gobernador. Nada de nada. Repárese que apenas 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado siquiera la fase de recolección de firmas. Varios medios titularon recientemente: ¿Podría ser el 2017 el año de las revocatorias de los alcaldes? Ello, de cara a que ya se ventilan comités que pretenden revocar a los burgomaestres de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Barrancabermeja y Neiva, amén del gobernador del Quindío.

La ministra de Trabajo, Clara López, tuvo variados pensamientos románticos antes de comenzar las negociaciones del salario mínimo para el 2017. Idealizó un salón neutral (biblioteca Luis Ángel Arango), cambió el tipo de mesa que siempre había sido horizontal por una redonda y llevó a cabo algunas reuniones previas de corte estratégico.

El 16 de julio de 2016, el presidente Santos dijo: “Si el plebiscito no se aprueba volvemos a la guerra”. Eso se expresó en el conversatorio “Aseguremos la paz de Colombia”, con la presencia de un testigo de excepción: el expresidente del gobierno español, Felipe González. Como si fuera poco lo anterior, el 14 de agosto de 2016, el expresidente César Gaviria le manifestó a la Revista Semana que “si no se aprueba el plebiscito regresaría la guerra al país”. Como todos lo recordamos, Gaviria fue el gerente de la campaña del sí a la paz.

No es que los magistrados de las altas cortes no puedan ir a recibir premios al exterior, ni atender invitaciones ni desplazarse para cumplir compromisos académicos por fuera del país. Es evidente que su investidura así lo amerita. Lo que enoja es el momento de los desplazamientos y la coyuntura de esos viajes. Por ejemplo, 5 magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia adelantaron sus vacaciones pues hace 2 días viajaron a China a un evento sobre el sistema penal, y ya no regresan pues se les dio autorización para que enlazaran el viaje con el período de vacaciones de la rama judicial.

Si hay algo que rodee los accidentes aéreos, son las hipótesis y las conjeturas. En estas materias, sin falta opinan pilotos y peritos en aviación y resulta que todos tienen la verdad revelada. Aún sobre los análisis de las cajas negras (que en realidad son rojas), se especula acerca de las reales razones de los siniestros sin que haya consenso jamás. Por ejemplo, ahora se dice que el accidente del vuelo HK-1803 de Avianca, acaecido el 27 de noviembre de 1989, donde murieron 107 personas inocentes (que explotó en el aire) y que siempre se ha atribuido a la obra malhadada de Pablo Escobar, dizque tuvo origen en una falla mecánica (Ver seriado de El Espectador de esta semana).