Por: Jaime A. Fajardo LandaetaCuando el Comité de Cafeteros de Antioquia postuló al ex ministro Juan Camilo Restrepo para ejercer la gerencia general del gremio en reemplazo de Gabriel Silva Luján, ahora ministro de Defensa, de inmediato se produjo el aval de los comités de Caldas, Cundinamarca y Tolima, con lo cual tomó inusitada fuerza esta valiosa opción.
Pero el entusiasmo de estas seccionales desapareció cuando el Gobierno nacional presentó una terna que excluía a Restrepo quien, para ese momento, ya había renunciado a la postulación y denunciaba la abierta intervención del Ejecutivo en este proceso. El argumento oficial fue que las cosas se hicieron según los estatutos: primero a nivel de los comités departamentales quienes en reunión del miércoles 19 de agosto le presentaron un informe al gobierno “en el cual nos indicaron que en ese proceso habían surgido tres candidaturas. Tres nombres de tres personas sobre las cuales no había un consenso. En ese momento el Gobierno, como lo establecen los estatutos de la Federación, está en la obligación de fijar posición”, expresó el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. Advirtió además que el patrimonio de Federacafé tiene características públicas y que “es un sector que maneja la mayor cantidad de recursos públicos y hoy existe un gran compromiso del Gobierno de acompañar el desarrollo del sector”.
Pero lo que ocultó Zuluaga es que el proceso democrático para la elección del zar de la industria cafetera había empezado en el momento en que Silva Luján presentó su renuncia, y que el doctor Juan Camilo Restrepo, al igual que los otros dos miembros postulados, ya había empezado la campaña en los comités.
Si bien es cierto que el gobierno goza de facultades para proponer los nombres que considere convenientes para la dirección de la Federación, también lo es que las calidades de Juan Camilo le han granjeado una inmensa simpatía entre los cafeteros y que no existen argumentos para sostener que los integrantes de la terna oficial lo superan.
¿Qué pasó en realidad? Simplemente que el muy idóneo postulado resultó descalificado y borrado de la opción como una manera de cobrarle las críticas que ha ventilado en diversos medios periodísticos en asuntos en que es autoridad, como la política económica, fiscal y social, así como las posiciones académicamente sustentadas que lo han alejado de los afectos del poder central.
Poder que -está demostrado hasta la saciedad- no tolera cuestionamientos, aunque provengan de un líder íntegro y ecuánime del Partido Conservador, colectividad que apoya sin reparo alguno la administración del presidente Uribe.
Administración que interviene una vez más en las decisiones de los gremios económicos y les impone su punto de vista, así los recursos públicos sean importantes en una u otra agremiación. Es decir que el dedo acusador del Gobierno no es solo contra el terrorismo y el narcotráfico: también lo es contra personas o instituciones que no comulguen, ojalá de rodillas, con sus políticas.
Se trata de una actitud en la que reincide con descaro: el Presidente juró defender la Constitución y no solo la desconoce sino que ahora la tilda de ilegítima para atropellarla; el Gobierno dice que cree en el Estado Social de Derecho pero pretende imponer una versión “superior”: el Estado de Opinión; el Gobierno dice que no firmará convenio alguno que viole nuestra soberanía y nos sale con siete bases militares donde los gringos podrán operar a sus anchas; el Gobierno dice que respeta las libertades políticas, los DDHH y el DIH y trata de ocultar e incluso defender a los responsables de los falsos positivos y de las chuzadas telefónicas; el Gobierno dice que estamos en una democracia porque existe la oposición pero trata de descalificarla y de asimilarla a las prácticas del terrorismo. ¿Cualquier semejanza con el totalitarismo y las dictaduras será solo una amarga coincidencia?
