El sector turístico nacional le envió una carta al presidente Iván Duque con el fin de plantearle las inquietudes que aquejan a sus empresarios y presentarle propuestas que permitan mitigar la situación que están atravesando.
Le recuerdan que fue el único candidato que propuso disminuir impuestos y cargas tributarias al empresariado, con el fin de dinamizar la economía y el empleo. “Esas promesas se vieron materializadas inicialmente en la Ley 1943 de 2018 y, posteriormente, en la Ley 2010 de 2019. Dan ellas fe de su confianza en la iniciativa privada para generar empleo y desarrollo”, dice la carta.
Las siguientes son las propuestas:
1. Aplazamiento de las obligaciones fiscales para llevarlas hacia el final del año: Si bien el decreto 401 que ajustó el calendario tributario aplazó el pago del impuesto de renta, la nueva fecha no consulta la realidad del sector, que en los meses de junio y julio apenas estarían volviendo a la normalidad, sin la disponibilidad de caja suficiente para asumir la segunda cuota de este impuesto. Este pago debería trasladarse entonces al mes de septiembre y el correspondiente al mes de agosto, al mes de noviembre. Igual solicitud hacen frente al impuesto al valor agregado, cuyo pago del segundo bimestre quedó contemplado para el 30 de junio. En este mismo sentido debería postergarse al mes de agosto ajustando los pagos de los bimestres restantes a partir de ese mes. En igual forma retrasar el pago del primer abono del impuesto al patrimonio para aquellas empresas que estén obligadas a realizarlo, más allá de la fecha establecida entre el 12 y el 26 de mayo, para que sea fijado para el mes de septiembre. Igual los pagos del impuesto simple deberían aplazarse para el segundo semestre a partir del mes de agosto.
2. Devoluciones de IVA: Atendiendo las dificultades de caja que están teniendo nuestros empresarios, queremos solicitarle que la DIAN agilice las devoluciones de IVA que los empresarios tienen a su favor y que les ayudarían a solventar los problemas de liquidez.
3. Aplazamiento de obligaciones fiscales de índole regional: Así como los empresarios no tendrán liquidez para atender las obligaciones fiscales de la nación, tampoco podrán hacer frente a los pagos de los impuestos locales como ICA, predial y valorización. Por tanto, solicitamos que también el pago de estos impuestos se aplace para el segundo semestre, a partir del mes de agosto. Si bien el decreto 461 autorizó a los mandatarios regionales a mover el cronograma del pago de impuestos locales, sería importante que el Gobierno nacional coadyuvara en esta solicitud.
4. Situación laboral: Los empresarios que representamos son, en su inmensa mayoría, empresas familiares, micro, pequeñas y medianas. No tienen la solvencia necesaria para mantener el pago de salarios por varios meses sin recibir ingresos. No pueden adicionalmente contraer obligaciones para pagar salarios. La única alternativa, después de pagar compensatorios, aprobar o adelantar vacaciones, corresponde a suspender los contratos, lo cual permitirá mantener el contrato laboral vigente con el pago de las respectivas prestaciones sociales.
No es considerado con los empresarios indicarles que la situación de fuerza mayor, contemplada en el numeral 1 del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, será decidida por los jueces, dejando a los empresarios a merced de demandas laborales y haciendo aún más gravosa la situación de angustia que están viviendo.
¿Por qué no pensar entonces en un subsidio, similar al de desempleo que se otorga al cesante a través de las cajas de compensación familiar, que les permita a esos trabajadores, cuyo contrato sea suspendido, mantener un mínimo vital mientras se reincorporan a sus labores? Le pedimos, así mismo, que la prima que se debe pagar en junio del presente año pueda unirse con la de diciembre para hacer un solo pago este año. De la misma forma, permitir que la entrega de dotación a los trabajadores que devengan menos de dos salarios mínimos se haga dos veces este año, y no tres, como está previsto en la legislación laboral.
5. Aplazamiento del pago de créditos bancarios: Algunos bancos están otorgando facilidades para refinanciar los créditos concedidos a los empresarios, pero no corresponden a la totalidad de bancos en el sector financiero ni a las mismas condiciones. Atentamente solicitamos que por disposición del Gobierno los bancos congelen el pago de créditos e intereses por seis meses, a partir de los cuales se reanuden los pagos sin que esto implique una refinanciación ni cobro de intereses de mora y sin que la suspensión implique el reporte a centrales de riesgo.
6. Crédito para aerolíneas: El Gobierno ha destinado recursos de Bancóldex para atender las necesidades de financiamiento de las empresas, con períodos de gracia de seis meses. No obstante, el monto de los créditos requeridos por las aerolíneas para superar esta crisis es muy alto y no existirían recursos para atender esta necesidad. Por lo tanto, solicitamos que el Gobierno busque la forma de vincular al proceso a entidades financieras multilaterales como el Banco Mundial u otras de similar envergadura para que concedan créditos a las aerolíneas con el respaldo del Gobierno. Es claro que un proceso de quiebra en aerolíneas colombianas se reflejaría en un país incomunicado, con una industria turística que no va a poder generar reactivación.
7. Operaciones cerradas: Como es de su conocimiento las empresas del sector turístico, ante la pandemia del COVID-19, se vieron abocadas al cierre total de sus instalaciones, lo que demanda continuar con los pagos de arriendos, empleados, compromisos crediticios nacionales y, en algunos casos, internacionales, todos relacionados con el funcionamiento y operación de las mismas, entre muchas otras actividades que deben continuar a pesar de la emergencia COVID-19. Con la expedición del Decreto 444 de 2020 “Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias-FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, algunas de nuestras empresas podrían acceder a esos beneficios planteados en dicho decreto, pero se hace de URGENCIA MANIFIESTA, que el Ministerio de Hacienda determine cuanto antes los procedimientos y reglamentos para que cada una de nuestras empresas, puedan recibir estos beneficios.
8. La congelación de arriendos: según el observatorio económico realizado hace una semana, gran parte de los afiliados a nuestros gremios pagan arriendos comerciales y, ante la suspensión ordenada de actividades de bares y restaurantes, su productividad es cero, lo que les deja en una situación de imposibilidad de pago.
