El representante a la Cámara por Antioquia, Óscar de Jesús Marín, insiste en que los 160 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional les designó a las universidades públicas, se convertirán en plata de bolsillo. “Lo que pretendíamos los 80 congresistas que me acompañaron en la defensa del presupuesto de la universidad pública, es que el aumento se hiciera sobre su base presupuestal. Además, el dinero que finalmente asignó el Gobierno, no corresponde a las necesidades de la educación pública superior de Colombia, ni al esfuerzo de sus directivas”, explicó Marín.
El Representante antioqueño asegura que la afirmación del Gobierno en el sentido de que hizo un gran sacrificio para asignar 160 mil millones de pesos, cuando las universidades públicas estaban esperando 120 mil millones, no responde a la realidad. Esta es la explicación que da Óscar Marín:
- 42 mil millones corresponden al 2% que las mismas universidades tributaban al ICFES antes de la reforma a la Ley 30 de 1992, y que ahora tienen como destino el Ministerio de Educación, que se encarga de distribuirlo nuevamente entre las universidades. En consecuencia, es el mismo dinero que sale de las universidades para que se lo administre y lo distribuya el Ministerio
- 30 mil millones de pesos para que COLCIENCIAS cofinancie los proyectos de investigación de las universidades. Sin embargo, se presenta el inconveniente que las universidades que no tengan presupuesto para investigación, no acceden a estos recursos de cofinanciación. Este dinero tampoco es directamente para las universidades y, por tanto, no hace parte de su base presupuestal
- 18 mil millones de pesos corresponden a la deuda que el Gobierno Nacional tiene con las universidades para el pago de los incentivos electorales, que son el resultado de los descuentos que éstas hacen a los alumnos que presentan el certificado de votación. Este dinero es realmente un abono, y no una concesión, como asegura el Ministerio de Hacienda
Óscar Marín concluye que sólo 70 mil millones de pesos del presupuesto aprobado, son para inversión de las universidades públicas, los cuales no alcanzarán ni para pagar sus servicios públicos. Agrega que esta cantidad es girada al ICETEX, la cual se encarga de su manejo y distribución, perpetuando el centralismo administrativo y quitándole la autonomía presupuestal a las universidades públicas.
“En conclusión: ni un peso le aprobó el Gobierno Nacional a las universidades para el manejo autónomo de su presupuesto, como lo ordena la Constitución Política”, afirma Óscar de Jesús Marín, quien reitera que si el Gobierno hubiera aceptado su propuesta de incrementar un 5 % sobre la base del presupuesto (lo que significaba 100 mil millones de pesos), esos dineros sí alcanzarían a resolver los problemas que tienen hoy las 32 universidades públicas del país, siendo coherente con el espíritu de la Ley 30 de 1992, que busca mantener la capacidad financiera de las universidades.
