Por: Jaime Jaramillo Panesso
Las propuestas de justicia transicional acordadas entre la guerrilla de las Farc-EP y el gobierno del Presidente Santos son motivo de críticas o beneplácitos, de dudas o de plena aceptación, según la lente como se las mire. Pero entre tantas opiniones civilizadas, surgen las palabras e interpretaciones deslenguadas y agresivas de los fanáticos como el Fiscal Eduardo Montealegre y los editores de la agencia Anncol, órgano periodístico de las Farc que se produce en Suecia desde hace varios años. Montetriste afirma que el nuevo aparato judicial debe procesar a los expresidentes Pastrana, Gaviria, Betancur y sobre todo a Uribe. Anncol celebra y brinda con vodka porque el Sistema Integral de Justicia y otras categorías recitativas al fin va a aplicar grilletes al senador Uribe y a sus colaboradores civiles y militares. Lo mismo ansía el mamertismo revisionista que ocupa restaurantes siete estrellas, las universidades públicas o confesionales, las onegés del humanismo imperialista y los columnistas semanales de una revista bogotana.
El espíritu revanchista, las actitudes desafiantes y el pugilismo verbal disfrazado de verdades políticas y judiciales para atacar a los críticos de la paz santista y sus enunciados son los sembradores de un triunfalismo intolerante, mientras que por los medios de comunicación exaltan la reconciliación, el desescalamiento del lenguaje y la necesidad de la unidad. La guerrilla y el Montetriste fiscalizador deberán saber que los colombianos no somos unanimistas ni condescendientes con el autoritarismo armado. Es cierto que si resultare un proceso de paz con las Farc que en sus resultados satisfaga a la oposición, todos los demócratas debemos apoyarlo. Pero el camino que han emprendido el Presidente Santos, sus negociadores en La Habana, los actuales mandos militares y los partidos de la mal llamada “unidad nacional” deben recorrerlo solamente ellos, así tengan las oraciones de Conferencia Episcopal y la cobija con estrellas de la Embajada de los Estados Unidos.
El comunicado del pasado 23 de septiembre es una mera notificación de los negociadores a la opinión pública y a los congresistas que las convertirán en reformas constitucionales y en leyes ordinarias y estatutarias. Pero quien estará dándole manija a la nueva legalidad es el Presidente Santos puesto que el Congreso le entregará poderes discrecionales para que legisle a su antojo durante 180 días.
Jugadas hay que se oponen al “fair play”, al juego limpio de la controversia y de la transparencia. La obra teatral que montaron alrededor de la presentación en sociedad del “Acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz” estaba atada a la presencia del Jefe del Estado Vaticano y Príncipe de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. No fue casual que estuviera de visita oficial en Cuba, un estado oficialmente ateo, sustancia ideológica del comunismo científico. Cuba está en vía de una revisión de su política exterior y goza hoy de un lavado de su imagen internacional, gracias al Papa y a Obama. El Papa Francisco iba a ser utilizado para efectos del acto proclamatorio en comento. La Iglesia colombiana lo auspició.
Algo falló y el Papa se limitó a unas cuantas palabras que después el gobierno colombiano las exprimió hasta la saciedad por los canales de la televisión. Así se manipula el sentimiento religioso de una nación, cuyo gobierno negocia con una organización criminal que no da muestras de arrepentimiento, que no solicita el perdón y que quiere gobernarnos porque tiene los méritos que le conocemos. ¡Oh! Patria, qué dolor tenemos.
