Después de tres semanas continuas de protestas y movilizaciones sociales, producto del descontento social frente a medidas que afectan la calidad de vida de los colombianos, se han reportado en Medellín 109 presuntas desapariciones, de las cuales, a la fecha, han aparecido 71 personas.
A propósito, la Comisión Accidental del Concejo de Medellín que hace seguimiento a las garantías de derechos humanos en las manifestaciones, sesionó este viernes, 14 de Mayo. El concejal Luis Bernardo Vélez, quien lidera la Comisión, precisó que ésta tiene, además, el objetivo de socializar las denuncias por presuntas detenciones arbitrarias, el uso abusivo de la fuerza por parte del ESMAD contra manifestantes y las acciones de acompañamiento y garantías institucionales en el marco de las protestas a nivel local.
En la sesión de la Comisión de este viernes participaron representantes de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes presentaron denuncias respecto del abuso policial y la falta de rigurosidad en el seguimiento a las cifras de los abusos en las marchas.
También asistieron las secretarías de la No Violencia, Seguridad y Convivencia, Mujeres y Juventud, además de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Igualmente estuvieron presentes la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Personería de Medellín.
El concejal por el movimiento Independientes, Luis Bernardo Vélez, indicó que no existe un nuevo protocolo para dar lineamientos de lo que se considera una persona desaparecida, por lo que se viene trabajando desde el 28 de abril con la ruta urgente de búsqueda de personas desaparecidas, que no es judicial.
Bajo esta ruta -aclara Vélez Montoya- se puede concluir que en Medellín sí hay personas desaparecidas por diferentes causas, pero no se ha confirmado que todas sean forzadas.
El concejal Luis Bernardo Vélez también señaló que en Medellín todavía no existe un protocolo de reacción y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, que defina, entre otros asuntos, el accionar de la fuerza pública en las marchas.
“En Medellín actualmente hay un Decreto que regula las marchas, reuniones, plantones y desfiles en sitio público: este es el Decreto 2254 de 2013. Sin embargo, es urgente que la Administración actualice esta norma que tiene muchas fallas, empezando porque no da un marco de actuación adecuado a la fuerza pública y estigmatiza a los marchantes”, expresó.
Vélez Montoya también hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza control preferente sobre los procesos disciplinarios que se adelantan en contra de los agentes de policía que han cometido faltas en las protestas. Dichos procesos actualmente cursan en las oficinas de Control Interno de la Policía y, de acuerdo con el Concejal, para garantizar la imparcialidad los procesos se deben trasladar a organismos competentes diferentes a la misma institución a la que pertenecen los presuntos implicados en las faltas disciplinarias e, incluso, penales.
Luis Bernardo Vélez solicitó a la Administración municipal, con carácter prioritario, un informe oficial sobre el tipo de delitos cometidos contra la población civil en el contexto de las protestas sociales y requirió las actas de construcción del anunciado protocolo para conocer los avances adelantados a la fecha.
