Como estaba previsto, de manera exprés fue aprobado el Proyecto de Acuerdo 012 de 2024, por medio del cual el Alcalde de Medellín le solicitó al Concejo autorizarle la enajenación de las acciones de EPM en Tigo-UNE. Era de todos sabido que la decisión en favor del Alcalde y su pretensión, se fundamentaría en lo político más que en lo técnico, lo jurídico, lo financiero o la defensa del patrimonio público.
Como en la administración de Daniel Quintero, la negativa a igual solicitud se fundamentó en intereses políticos, sin que hubiese importado toda la motivación técnica, jurídica y financiera. En esa administración, la intención prevista de la oposición mayoritaria en el Concejo de Medellín era negar la solicitud de Quintero. En ésta, la intención prevista de la coalición de gobierno mayoritaria era aprobarle la solicitud a Gutiérrez.
En esa lógica, los votos a favor fueron de Andrés Tobón, Paulina Suárez, Santiago Perdomo, Alejandro de Bedout, Juan Carlos de la Cuesta, Santiago Narváez, Damián Pérez (de Creemos, el movimiento de Federico Gutiérrez); Sebastián López, Claudia Carrasquilla, Luis Guillermo Vélez, Andrés Rodríguez, Leticia Orrego (de Centro Democrático); Carlos Gutiérrez (de Independientes); Alejandro Arias (del Partido Alianza Verde); Miguel Ángel Iguarán (de Cambio Radical); y Yanhet Hurtado (de la ASI).
Los votos en contra fueron los de José Luis Marín (de Pacto Histórico) y Juan Carlos Upegui (de Independientes), ambos de la oposición. Farley Macías (del Partido Liberal) y Juan Ramón Jiménez y Brizvani Arenas (del Partido Conservador). Lo llamativo de esta decisión contraria es que Macías, Jiménez y Arenas hacen parte de la coalición de gobierno, pero estuvieron en contra por la premura con que se discutió la propuesta y la falta de escuchar razones en torno a la solicitud del Alcalde.
Los representantes de los trabajadores que se han visto afectados desde el momento en que en 2013 se tomó la decisión de fusionar a EPM – UNE Telecomunicaciones con Millicom, con una sustitución patronal que les fue adversa, por supuesto tampoco estuvieron de acuerdo con la decisión política mayoritaria, por un lado, por lo que llaman privatización de lo público en un 100% y, de otro lado, porque su situación laboral será aún más complicado y sombrío.
El temor a la privatización, que fue la bandera de quienes estuvieron abarrotados en las graderías gritando “Pícaro” al Alcalde y a los concejales “privatizadores”, como ellos los llamaron, finalmente se materializó con la decisión mayoritaria de los concejales. Pero el propósito estaba claramente definido desde que fue nombrado el concejal de Centro Democrático, Luis Guillermo Vélez, como Coordinador de Ponentes.
De manera altisonante, defendió la privatización, anunciándose como coherente en esa creencia desde hace 30 años y confesando que fue su propuesta en 2013 que se vendiera la totalidad de EPM – UNE Telecomunicaciones.
Al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, le negaron en cinco ocasiones la solicitud de venta de las acciones de EPM en Tigo-UNE porque la oposición mayoritaria decía que no creía en él. Al alcalde Federico Gutiérrez se la aprobaron de manera exprés porque su coalición de gobierno mayoritaria dice que sí cree en él. No obstante, esa credibilidad deberá ser ratificada por Gutiérrez ante la opinión y la ciudadanía en cuanto se sepa a ciencia cierta cómo serán usados los dineros de la venta de dichas acciones, que desde el gobierno de Quintero han perdido valor, pasando de 2.8 billones de pesos a 1.6 billones de pesos.
